Con la hambruna, no

Usar el hambre como arma de guerra, trasladar forzosamente a una población, vetar a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Gaza y Cisjordania, o crear asentamientos para colonos israelíes en territorio palestino. Son las acciones ilegales que, según la Corte Internacional de Justicia (CIJ), ha cometido Israel durante los dos años de masacre en Gaza.

El tribunal ha concluido, además, que Israel, como “potencia ocupante” de los territorios palestinos, está “obligado a garantizar las necesidades básicas” de la población local de la Franja de Gaza, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia. También a “aceptar y facilitar los planes de ayuda” dados por la ONU, incluida la UNRWA.

Asimismo, la CIJ ha urgido al Gobierno de Israel a “permitir el acceso” del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a los palestinos detenidos en las cárceles de Israel, a quienes se ha referido como “personas protegidas” procedentes de los territorios palestinos ocupados.

La CIJ, que se reunió esta semana en La Haya para pronunciarse sobre las obligaciones de Israel, concluyó también que la población local de Gaza “ha sido abastecida de forma insuficiente” y recordó que la ONU, a través de la UNRWA, ha sido un “proveedor esencial” de ayuda humanitaria para los civiles en Gaza.