Expresidente narco

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien gobernó el país entre 2014 y 2022, fue encontrado culpable en Estados Unidos de conspirar e importar 500 toneladas de cocaína al país que ahora lo juzga. Ya el 15 de febrero de 2022, a 19 días de haber cesado como presidente, Hernández había sido capturado en su residencia y, el 21 de abril, entregado en extradición a EE.UU., signó Página 12.

Siempre citando la fuente informativa, aún queda pendiente que la Justicia determine cuántos años pasará preso, pero existe el precedente de su hermano, el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado hace tres años a cadena perpetua, más treinta años. Tony viajó personalmente a Honduras para aportar un millón de dólares a la campaña electoral que llevaría a Hernández a “ganar” su primera Presidencia.

 Queda cada vez más en evidencia cómo -luego del golpe de Estado que sufriera Manuel Zelaya Rosales en 2009- en Honduras las bandas narco penetraron la administración publica y cooptaron sus altas esferas para realizar todo tipo de actividades ilícitas, no solo la importación, producción y exportación de cocaína, sino un metódico saqueo a las arcas del Estado, llevando los índices de pobreza a casi el 70 por ciento y empujando a la gente a huir en caravanas migrantes hacia el norte. Hernández había obtenido su reelección después de que las autoridades judiciales se la hubiesen habilitado de manera ilegal en 2017 y ganó con fraude.

Uno de los testigos más relevantes en el juicio al exmandatario fue Fabio Lobo, hijo de Porfirio “Pepe” Lobo, quien presidió Honduras entre 2010 y 2014, detenido en 2015 por la DEA en Haití y condenado por conspirar para importar y distribuir cocaína en EE.UU.  Lobo admitió haber financiado la campaña de 2013 de Hernández con casi medio millón de dólares, a cambio de protección para sus socios narcos. También acusó a su padre de haber recibido aportes, probablemente buscando reducir su condena a cambio de cooperación.

Justiciero

 Resulta paradójico que Hernández haya querido caracterizar a sus ocho años gestión con las banderas del combate a la delincuencia y al narcotráfico, cuando lo que hizo fue atacar a los clanes rivales para terminar monopolizando el negocio, al punto de que Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del cartel de “Los Cachiros”, se entregara a la DEA para convertirse en informante, por miedo a ser asesinado por los nuevos capos.