Armas a narcos

Una de las banderas de la gestión del expresidente Jair Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, fue la flexibilización de la tenencia y uso de armas. Fueron numerosas las alertas de las consecuencias nocivas que esa relajación normativa podría tener. Los efectos ya empiezan a ver la luz: el Ejército, que en los años de Bolsonaro se encargaba de conceder los permisos para comprar un arma, otorgó más de 5 mil licencias a personas que habían sido condenadas por delitos tan graves como homicidio o narcotráfico. La información consta en un exhaustivo informe secreto del Tribunal de Cuentas de la Unión, revelado ayer en exclusiva por el diario Estadão.

En los cuatro años de la administración Bolsonaro, la legislación brasileña fue modificada de tal manera que el mercado de las armas y los clubes de tiro vivieron un momento dorado. Si en 2018 había 1,3 millones de armas, cuando el líder ultraderechista dejó la Presidencia ya eran más del doble, 2,9 millones, según un recuento de los institutos Igarapé y Sou da Paz. El número de personas con la llamada licencia CAC (que incluye a cazadores, tiradores o coleccionistas) aumentó un 262%.

Según reconstruyó el diario El País, “un total de 5.235 personas que cumplían una condena no tuvieron problema para comprar un arma de fuego o renovar el registro para poder seguir con una pistola en casa. El Ejército también autorizó armas para 2.690 personas con orden de arresto y que estaban prófugas de la Justicia.

Cuando Brasil aprobó el Estatuto del Desarme, en 2003, se estableció que solo podrían acceder a las armas personas que no estuvieran condenadas o inmersas en un proceso penal. Aunque Bolsonaro flexibilizó muchos puntos de la normativa, ese requisito se mantuvo. Para el Tribunal de Cuentas, el problema para que se colaran tantos delincuentes es que Brasil no cuenta con un registro unificado de antecedentes penales”.