Piden levantamiento parcial de secreto testimonial de víctimas de la dictadura

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Álvaro Elizalde, y el ministro de Justicia, Luis Cordero, presentaron ayer la agenda legislativa del Gobierno en materia de derechos humanos, que prevé el levantamiento parcial de secreto de testimonio de víctimas de la dictadura con fines investigativos, en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que se cumplen el próximo lunes.

Desde el Parque Cultural de Valparaíso, las autoridades dijeron que el objetivo es realizar "un levantamiento para el Plan Nacional de Búsqueda  del secreto vinculado a la información obtenida en la Comisión Valech", en referencia al organismo creado en 2003 con el fin de esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas a manos del Estado, recopilando antecedentes y documentación de las víctimas (foto).

El anuncio se da, además, después de que la semana pasada el presidente, Gabriel Boric, oficializara el Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte de personas víctimas de desaparición forzada durante la dictadura chilena (1973-1990).

"El levantamiento parcial del secreto Valech consiste fundamentalmente en que el equipo ejecutivo del Plan Nacional de Búsqueda tenga acceso a la información contenida en los antecedentes del informe Valech 1 y 2 en los mismos términos que los tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos", explicó el ministro de Justicia.

"La finalidad es poder cumplir con uno de los objetivos del plan, que es trazar las trayectorias de cada una de las personas detenidas y hechas desaparecer, de modo que esa información pueda ser revelada mientras se encuentran hallazgos relevantes con previo consentimiento de las víctimas y sus herederos", agregó Cordero.

El funcionario informó que se requirieron alrededor de 8.000 carpetas con sus testimonios y antecedentes, pero siempre respetando la voluntad de las víctimas y sus herederos, y que en caso de negativa de alguna víctima en levantar su testimonio secreto, la decisión deberá ser respetada.

"El Plan Nacional de Búsqueda es un instrumento de política pública que recopila muchísima información para configurar, entre otras, las trayectorias de las personas detenidas y hechas desaparecer", dijo Cordero.

La iniciativa del Gobierno ya generó diferencias con la oposición, donde diputados de derecha lo criticaron por entrar "en temas sensibles" como son los testimonios del informe Valech.

"El secreto por 50 años del informe Valech fue para proteger a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la dictadura en Chile. El presidente, al querer terminar con ese secreto sin cumplirse el plazo establecido, demuestra su ánimo divisorio y su poca sensibilidad con temas tan complejos", dijo el diputado Jorge Guzmán, de Evolución Política (Evópoli).

Declaración condenatoria

Elizalde habló del resto de las medidas que tiene la agenda legislativa del Gobierno, entre ellas la tipificación de delitos de desaparición forzada y ejecución extralegal, un plan nacional de memoria y patrimonio, y la eliminación de restricción de información sobre leyes dictadas bajo carácter secreto, reservado o de circulación restringida.

Además de estas medidas, el Gobierno tiene prevista una serie de actividades por los 50 años del golpe de Estado a manos del dictador Augusto Pinochet, ocurrido el 11 de septiembre de 1973, entre ellas la firma de una declaración conjunta entre el oficialismo y la oposición condenando la violación a los derechos humanos y el golpe de Estado.

La coalición de derecha Chile Vamos ya anticipó que no quiere participar de la firma del Compromiso de Santiago por la democracia, que Boric quiere concretar el lunes. De todas formas, desde el Ejecutivo insisten en que harán "hasta el último esfuerzo" para sacar la declaración conjunta entre todos los partidos políticos.

"Lo que estamos haciendo es un tema de democracia”, dijo Boric, porque, según señaló, es un acto de Estado que asume la memoria no movilizado por el rencor, sino por “la convicción de que la única posibilidad de construir un futuro más libre y respetuoso, es conocer toda la verdad".

Si bien el Gobierno reconoce que necesita "contar con el registro más preciso posible", asegura que diversas investigaciones judiciales estiman "que al menos 3.200 personas fueron asesinadas o hechas desaparecer" en el período 1973-1990. Agrega que se ha llegado a estimar "sin certeza" que la cantidad de víctimas de desaparición forzada son 1.469 personas (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que las personas ejecutadas por causas políticas sin entrega de cuerpos son 377. Hasta el momento, se han identificado a 307 víctimas de desaparición forzada.

Llaman Salvador Allende a puerta principal de la OEA

La Organización de los Estados Americanos (OEA) homenajeó ayer al asesinado presidente de Chile, Salvador Allende, designando con su nombre la puerta principal de su sede en Washington DC, Estados Unidos.

El Consejo Permanente del organismo aprobó la resolución “Reconocimiento al expresidente Salvador Allende Gossens en la sede de la OEA”, a pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado en Chile, el 11 de septiembre de 1973.

La decisión fue tomada en memoria de procesos similares que ocurrieron en otros países del hemisferio, con quiebres de procesos democráticos que incluyeron la represión de derechos humanos, incluyendo derechos civiles y políticos, y la destrucción de las instituciones democráticas, declaró el organismo en un comunicado.

El representante permanente de Chile ante la OEA, Sebastián Kraljevich, agradeció "a los 32 Estados miembros que acompañaron" la incorporación de la propuesta y consideró que era "un ejercicio de justicia con un presidente que dio su vida por la democracia". También agradeció por la "solidaridad durante los 17 años de dictadura" a las delegaciones que se expresaron recordándola, por "recibir a los compatriotas exiliados" y por sumar fuerzas para el retorno del orden democrático en Chile.