Uruguay - Lo manifestó el director de Obras Sanitarias del Estado y criticó al Gobierno de Luis Lacalle Pou
Aseguran que la escasez de agua es "la situación más crítica" que enfrentó el país
“Nunca existió un nivel tan bajo de reservas de agua dulce para el abastecimiento de la población metropolitana, están por debajo del 1%", alertó el funcionarioEdgardo Ortuño, director de Obras Sanitarias del Estado (OSE) de Uruguay, aseguró ayer que la escasez de agua potable es la "situación más crítica" que enfrentó su país y criticó al Gobierno de Luis Lacalle Pou por sus "decisiones políticas equivocadas" en la gestión de la crisis.
El dirigente del Frente Amplio sostuvo, en diálogo con Télam, que "es la situación más crítica que enfrentó Uruguay, no hay registro de una dificultad en el abastecimiento de agua potable tan duradera y crítica como la que estamos viviendo".
"Nunca existió un nivel tan bajo de reservas de agua dulce para el abastecimiento de la población metropolitana, están por debajo del 1%", alertó el funcionario sobre la situación que enfrentan 1.800.000 uruguayos, el 60% de la población total del país.
La escasez de agua, que afecta principalmente a los departamentos de Montevideo y Canelones, se debe a la sequía del río Santa Lucía, que deriva en un bajo nivel del embalse de la represa de Paso Severino, que tenía una capacidad de almacenar casi 80 millones de metros cúbicos, pero hoy cubre menos de un millón.
"El descenso de las reservas empezó en noviembre", comentó Ortuño y criticó la decisión del Gobierno nacional de autorizar la mezcla del agua del embalse con la del Río de La Plata, que contiene alta salinidad.
"Hay un incumplimiento de algunos parámetros de la norma bromatológica. Se autorizó hasta 720 miligramos de cloruro por litro cuando antes era de 250, y con el sodio se permite 440 miligramos por litro cuando era de 200, según la ley", precisó el director de OSE.
Con esta decisión del Ejecutivo, Ortuño sostuvo que no se cumple con la Constitución de Uruguay, que en 2004 incorporó al agua potable como un derecho humano básico.
Según los sanitaristas uruguayos, el consumo del agua salada que sale de las canillas está desaconsejada para personas con problemas renales o hipertensión, y aconsejaron que no se utilice para preparar complementos para bebés de menos de seis meses.
"Además de lo sanitario, esto afecta en lo social, porque muchas personas no tienen las condiciones económicas para incrementar en su presupuesto familiar la compra de agua embotellada", aseveró Ortuño y aclaró que hay familias que están gastando hasta $5.000 por mes en agua en botellas.
Según el dirigente, el Gobierno de Lacalle Pou tomó "decisiones políticas equivocadas" para gestionar la crisis.
"Se declaró la emergencia recién en junio, nosotros lo demandamos desde de febrero", afirmó y aclaró que la baja de impuestos al agua embotellada dispuesta hace unas semanas "no es suficiente".
Ortuño también opinó que el plan oficial de realizar obras hídricas en Paso Belastiquí para llevar agua dulce desde el Río San José hasta el Santa Lucía "no llegará a tiempo".
"Hay un escenario desafiante que está a la vuelta de la esquina en los próximos 10 o 15 días. El agua dejará de ser bebible antes de que culminen las obras que se están haciendo. Vamos a tener una ventana de agua no bebible y por eso estamos proponiendo convocar al sistema nacional de emergencia, porque da la sensación que el Gobierno no ha querido asumir la gravedad del problema", enfatizó Ortuño
Por último, el director de OSE aseguró que "fue un error la interrupción del proyecto de construcción de la represa de Casupá, que debió iniciarse en 2021".
"Las sequías van a ser más profundas y más recurrentes, es un fenómeno que llegó para quedarse como consecuencia del cambio climático. El Estado, lejos de retirarse, tiene que asumir una actitud proactiva, realizar las inversiones correspondientes y establecer los marcos regulatorios para salvaguardar un recurso natural esencial como es el agua", concluyó.
Brasil - En el estado de Pernambuco - Once muertos por el derrumbe de un edificio
?Al menos 11 personas murieron y otras tres permanecían desaparecidas en Brasil tras el derrumbe -ocurrido el viernes- de una parte de un edificio ocupado irregularmente en el estado de Pernambuco, en el noreste del país, informaron las autoridades.
Ayer, los bomberos continuaban la búsqueda de una mujer y dos niños bajo los escombros del predio en el municipio de Paulista, región metropolitana de la capital del estado, Recife.
Entre los 11 fallecidos hay hombres, mujeres y niños de entre 5 y 45 años, según el último boletín divulgado por los servicios de Defensa Civil de Pernambuco ayer a la mañana, informó la agencia de noticias AFP.
Una mujer de 65 años y dos adolescentes fueron rescatadas de los escombros con vida, añadieron.
Las columnas del edificio que cedió tenían tres pisos y estaban acoplados a un complejo mayor de viviendas, según imágenes difundidas por la prensa local.
Defensa Civil sostuvo que los departamentos habían sido clausurados en 2010 por presentar riesgo de derrumbe, pero estaban ocupados irregularmente.
En abril, otro edificio en condiciones similares se derrumbó en la ciudad de Olinda, Pernambuco, y hubo seis muertos.
Entre antecedentes de este tipo, en 2020 dos edificios construidos irregularmente en una favela de Río de Janeiro se desplomaron tras varios días de intensas lluvias, lo que provocó la muerte de 24 personas.
Los períodos de fuertes lluvias también suponen un riesgo por los frecuentes deslizamientos de tierra que generan, una seria amenaza para los habitantes de asentamientos irregulares.
Unos 9,5 millones de los 215 millones de habitantes viven en áreas de riesgo sujetas a deslizamientos o inundaciones, según estimaciones oficiales.
Francia: pese a la prohibición, continúan las protestas
Al menos 2.000 personas participaron ayer en una marcha en París contra la violencia policial en memoria de Adama Traoré, joven afrodescendiente que murió en una comisaría en 2016, pese a que las autoridades habían prohibido la marcha. "Marchamos por los jóvenes, para denunciar la violencia policial", dijo desde un banco de una plaza Assa Traoré, hermana de Adama, y una de las organizadoras de la protesta. “Permitimos la marcha de neonazis, pero no se nos permite marchar. Francia no puede dar lecciones morales. Su policía es racista, su policía es violenta”, aseguró.
