El crimen organizado gana ­terreno en Latinoamérica

La mayoría de los países latinoamericanos se enfrentan a una crisis en materia de seguridad que se ha visto agravada en los últimos meses con inquietantes demostraciones de que el crimen organizado está ganando terreno debido a la inacción de los Gobiernos y la falta de políticas públicas decididas a resolver un problema que amenaza con socavar la convivencia ciudadana y la institucionalidad democrática. El narcotráfico es común denominador de los países de la región y causante de la mayoría de los homicidios, ejecutados por los sicarios, pero a este flagelo se suman ahora la trata de personas, el tráfico de armas y migrantes, y el aumento de la extorsión, problemas todos ellos que hacen que la inseguridad se haya convertido en uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos.

Está claro que Latinoamérica “vive un retroceso en materia de seguridad”, que se profundizó con la pandemia del coronavirus, explicó Jairo Libreros, especialista en política internacional y profesor de Seguridad y Defensa Nacional de la Universidad de Colombia.

¿Percepción vs. realidad?

Aunque países como Brasil, Panamá, Puerto Rico, El Salvador, Argentina y Venezuela registraron un descenso de homicidios durante 2022, la criminalidad sigue siendo un difícil problema para las autoridades.

En Venezuela, por ejemplo, delitos como la extorsión, la trata de personas, los femicidios y los abusos sexuales están cobrando mayor virulencia, y en Panamá se han registrado casos nunca antes vistos, como el desmembramiento de víctimas o el ataque sicarial dentro de una escuela, que le costó la vida a un joven de 15 años en octubre pasado.

En Costa Rica, la situación es preocupante, porque el año pasado se registraron 656 homicidios, un 11 % más que en 2021, alcanzando una cifra récord, por encima de los 603 registrados en 2017. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, seis de cada 10 homicidios cometidos en esa nación centroamericana durante 2022 estuvieron relacionados con el “ajuste de cuentas” por narcotráfico.

En Chile, la percepción ciudadana es que la inseguridad se ha disparado a un nivel inmanejable, pero las autoridades aseguran que el número de delitos no ha aumentado con respecto a años anteriores, aunque sí reconocen que son más violentos.

“Por decirlo de forma simple, si sales hoy día a la calle, es menos probable que te asalten que hace 10 años, pero es más probable que el asaltante tenga un arma y esté dispuesto a usarla”, explicó la ministra de Interior, Carolina Tohá, quien pidió no politizar el problema.

Medidas excesivas y mal enfocadas 

Para hacer frente a la violencia y el crimen, en Ecuador se han decretado hasta diez estados de excepción en menos de dos años desde la llegada al poder de presidente Guillermo Lasso, mientras que en El Salvador, una medida similar decretada por Nayib Bukele ya completó un año con serios cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos.

En Honduras también rige, desde diciembre pasado, un estado de excepción, y aunque su aplicación comenzó en las dos ciudades más importantes, Tegucigalpa y San Pedro Sula, ya se ha extendido a 123 de los 298 municipios, una medida que preocupa al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La ONU también considera excesiva la militarización del territorio, como sucede en México, donde hay más de 92.000 efectivos en tareas de seguridad pública, dotación que fue creciendo bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

En tanto, la estrategia de “saturación policial” aplicada en Argentina, que según explicó el director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia, Marcelo Bergman, consiste en poner figurativamente un “policía en cada esquina”, da réditos, pero no necesariamente arregla el problema. Como tampoco lo hace la flexibilización para portar armas decretada recientemente en Ecuador.

Medidas aceptables

En Brasil, con el retorno de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia, se recuperó el programa de seguridad impulsado en sus dos mandatos anteriores (2003-2010), con el que pretende reducir la violencia y aumentar la presencia del Estado en las periferias de las ciudades a través de programas sociales, una estrategia que supone un cambio radical en relación con la política del Gobierno de Jair Bolsonaro.

También cabe destacar los cambios en materia normativa en Paraguay, donde se sancionó en marzo pasado un proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Penal e incorpora el sicariato como un hecho punible.