Boluarte ante la Fiscalía

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada ayer por la Fiscalía que investiga la represión en las protestas que siguieron a la destitución de su antecesor, el encarcelado exmandatario Pedro Castillo, que dejaron al menos 48 civiles muertos en tres meses.

La mandataria compareció ante la jefa del Ministerio pPúblico, Patricia Benavides, por casi una hora y media y "brindó declaraciones respecto a las investigaciones", informó, sin dar más detalles, la Presidencia peruana a través de Twitter.

Más temprano, la Fiscalía precisó que la gobernante fue citada en el marco del "caso de las muertes de ciudadanos ocurridas durante las movilizaciones sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023".

Boluarte llegó al interrogatorio fuertemente escoltada, según las imágenes que compartió en redes sociales la Fiscalía.

La cita se cumplió sin manifestaciones a favor o en contra en los exteriores del edificio del centro de Lima.

Ella tiene "toda la voluntad de querer coadyuvar en la averiguación de la verdad y de la investigación en concreto", dijo recientemente su abogada Kelly Montenegro al diario El Comercio.

No obstante, en caso de una acusación en firme, no podrá ser sometida a juicio hasta que culmine su mandato, según fija la Constitución.

La Fiscalía abrió el 10 de enero una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de "genocidio, homicidio calificado y lesiones graves" durante las manifestaciones antigubernamentales de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

Desde que estalló la crisis el 7 de diciembre último murieron al menos 60 personas, según la Defensoría del Pueblo: 48 civiles fallecieron en acciones de las Fuerzas Armadas; un policía fue incinerado por manifestantes y otras 11 personas perdieron la vida por consecuencias colaterales a la protesta.

A este registro se agregaron el lunes seis soldados que murieron ahogados en Puno,  por haber cruzado un río en medio de una protesta.

El jefe de Gabinete, Alberto Otárola; el exministro del Interior, Víctor Rojas; el ministro de Defensa, Jorge Chávez, y el exjefe de Gabinete, Pedro Ángulo, también están implicados en el proceso judicial.