Trabajadores en las calles

El Gobierno del presidente francés Emmanuel Macron parece determinado a adoptar su cuestionada reforma previsional, mientras la oposición y los gremios, que hoy volvieron a marchar, redoblan su rechazo con la mayor movilización social en décadas.

La iniciativa, que es una de las promesas electorales estrella del mandatario, busca retrasar la edad jubilatoria de 62 a 64 años, alargar el período de cotización de 42 a 43 años y suprimir la mayoría de regímenes especiales actuales.

Ya en 2020, Macron tuvo que archivar una medida similar por el descontento social y la llegada de la pandemia, pero esta vez, su Gobierno busca sacarla adelante en tiempo récord y para ello escogió un polémico procedimiento que limita hasta el 26 de marzo la fecha en la que se tienen que pronunciar las dos Cámaras del Parlamento. De no hacerlo, la reforma sería adoptada por decreto, algo que nunca ha ocurrido.

El Senado, controlado por la oposición de derecha, favorable a la medida, tiene hasta hoy  a la medianoche para votarla, luego de que la Cámara baja no llegara hacerlo debido a las numerosas enmiendas presentadas por la coalición de izquierdas.

El próximo miércoles, representantes de ambas cámaras se reunirán para tratar de acordar un texto común, sobre el que diputados y senadores deberían manifestarse de nuevo o, al menos, intentarlo.

En tanto, el malestar en las calles no hace más que crecer: tras cinco masivas manifestaciones pacíficas en enero y febrero, los sindicatos decidieron intensificar su repudio unánime esta semana, y el pasado martes lograron movilizar a 1,28 millones de personas, según las autoridades, y a 3,5 millones, según la Confederación General del Trabajo (CGT), en la mayor protesta contra una reforma social en tres décadas.

Hoy salieron nuevamente a las calles en varias ciudades francesas y pidieron al Ejecutivo no "jugar con fuego" porque las movilizaciones van a continuar.

Además, iniciaron huelgas prorrogables en sectores estratégicos, como el de la energía y transportes.

Tres de cada cinco franceses apoyan la movilización, según los sondeos, mientras que un 71% se opone a la reforma, aunque no ayuda el contexto económico desfavorable, que hace que muchos no puedan permitirse sumarse al paro.

La fuerza de los opositores radica en que una gran mayoría de la opinión pública los respalda y se opone a esta reforma, manifestó a Télam el director de la socialdemócrata Fundación Jean-Jaures, Gilles Finchelstein.

"Si logran detenerla, lo que evidentemente es difícil, no será con sus armas jurídicas, sino gracias a la situación política que han creado, que obligaría al presidente y al Gobierno a dar marcha atrás", precisó.

Sin embargo, admitió que dicha posibilidad es "muy improbable", porque sería una derrota política muy dura para Macron, que dañaría, asimismo, la imagen de presidente reformador que quiere instalar.

Si la reforma finalmente es adoptada, el Gobierno espera que el movimiento social termine apagándose.