Se profundiza la crisis política en Perú
Llegan a Lima nuevas caravanas para pedir la renuncia de Boluarte
Desde distintos puntos del país avanzan hacia la capital para continuar con la ola de movilizaciones iniciadas tras la destitución de Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado
Habitantes del sur de Perú se trasladaron ayer a Lima para reanudar las protestas que, desde principios de diciembre, exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, en medio de una crisis social y política en el convulsionado país en el que la represión causó la muerte de 48 civiles y un policía.
Habitantes de la localidad puneña de Juli, unos 1.400 kilómetros al sureste de Lima, despidieron con vítores y aplausos a un grupo de unas 140 personas que partieron a la capital a bordo de dos ómnibus cargando mochilas y frazadas y ondeando banderas peruanas.
"El viaje que nos hemos programado es para estar presente en las luchas pacíficas en la ciudad de Lima", dijo Emilio Clavitea, un trabajador de la construcción de 55 años.
Juli es una de las diversas comunidades puneñas que reivindican su origen aimara y que, desde el inicio de la crisis, se opone férreamente al gobierno de Boluarte, exigen su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones.
El contingente que partió de Juli, y otro anterior desde la localidad de Llave, también de la región de Puno en la provincia de El Collao, integran a un grupo mayor que confluirá hacia la capital peruana para continuar con la ola de movilizaciones iniciadas luego de la destitución del presidente Pedro Castillo.
Se trata de nuevas protestas a desarrollarse en los próximos días luego de las numerosas caravanas que invadieron la capital a mediados de enero, a un mes y días de la destitución de Castillo.
La Fiscalía peruana investiga posibles excesos en la represión de las protestas, que dejaron 48 civiles muertos por acciones de los integrantes de las fuerzas de seguridad y el deceso de un policía que fue víctima del castigo de un grupo de habitantes de un pueblo del sur.
Situación de Castillo
En tanto, un juzgado rechazó un habeas corpus promovido por la Federación Nacional de Abogados del Perú a favor de Castillo, que pretendía que se declare la nulidad de la prisión preventiva en su contra, así como la orden que confirmó esta medida restrictiva y, por consiguiente, se disponga su libertad.
Además, solicitaba se le restituya su condición de presidente constitucional de la República, se anulen todas las resoluciones judiciales, administrativas, legislativas y leyes que se opongan a esa posición, y se ratifique la disolución del Congreso.
