Denuncian al Estado por uso "ilegítimo de armas letales" en las protestas

Un informe publicado ayer por la ONG Amnistía Internacional denunció al Gobierno de Perú por el uso "ilegítimo de armas letales" de forma "indiscriminada, especialmente contra personas indígenas y campesinas, en el contexto de la represión" de las protestas que comenzaron el 7 de diciembre de 2022, tras la destitución del presidente Pedro Castillo y en reclamo de la renuncia de la actual mandataria Dina Boluarte y de todo el Congreso, así como del adelanto de las elecciones.

Desde el inicio de las masivas protestas en las distintas regiones de Perú, "el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) han disparado de forma ilegítima armas letales y usado otras armas menos letales de forma indiscriminada contra la población, especialmente contra personas indígenas y campesinas", indicó el informe de AI.

La investigación se llevó a cabo en las regiones de Ayacucho, Andahuaylas, Chincheros y Lima, entre el 29 de enero y el 11 de febrero, donde la ONG recibió información de 46 casos de posibles violaciones de derechos humanos y documentó 12 casos de muertes por uso de armas de fuego.

Asimismo, la organización recibió información sobre graves falencias en la investigación de violaciones de derechos humanos y la impartición de justicia.

“Con un saldo de 48 personas muertas por la represión estatal, 11 en bloqueos de rutas, y un policía, así como centenares de personas heridas en un trágico período de violencia estatal, las autoridades peruanas han permitido que, durante más de dos meses, el uso excesivo y letal de la fuerza sea la única respuesta del Gobierno ante el clamor social de miles de comunidades que hoy exigen dignidad y un sistema político que garantice sus derechos humanos,” expresó Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

AI informó que realizó su análisis tomando datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.