A las urnas por una nueva Constitución

Más de 15 millones de chilenos están habilitados para votar hoy en un plebiscito que decidirá si se mantiene la Constitución redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet o se aprueba un nuevo texto, elaborado por la derecha en un segundo proceso constitucional tras el fracaso del anterior, que en algunos puntos es más conservador que el que está vigente.

Las encuestadoras, que hace dos semanas no publican estudios por la veda oficial, prevén que se imponga el voto en contra de la nueva Constitución, aunque todas registran altos índices de indecisos.

Al igual que el primer proceso, que fue redactado por la izquierda e independientes luego del estallido social de 2019, este no ha estado exento de polémicas entre el oficialismo y la oposición, donde los sectores más progresistas aseguran que este nuevo texto significa un retroceso en materia de derechos, mientras que la derecha la ha denominado la "Constitución de la seguridad", aludiendo a uno de los principales problemas que vive el país.

Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, afirmó en conversación con Télam que para entender este proyecto de Constitución hay que prestar atención a dos focos: derechos y sistema político.

El primero se refiere a los artículos correspondientes en materia de derechos, que han generado "aprensiones de los sectores de centro y progresistas del país", porque representarían retrocesos "culturales e ideológicos, incluso, del texto de 1980 (de la época de Pinochet)".

"En particular, hay discusiones del impacto que produce sobre la propuesta en materia de aborto en tres causales, que es parte de la legislación chilena hoy, y que, a juicio de algunos sectores, la nueva propuesta puede poner en riesgo", señaló Mella.

También hubo polémica por las enmiendas que hablan de la "expulsión inmediata de extranjeros" que ingresan de manera irregular al país o la de "reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales", que favorece a reclusos de Punta Peuco, condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura de Pinochet (1973-1990).

El segundo foco habla de "algunos elementos novedosos" respecto del sistema político actual, como es la disminución de los diputados de 155 a 138, y el establecimiento de un mínimo del 5% de los votos para que los partidos políticos puedan ingresar al Congreso.

De todos modos, para Mella, el país "no reúne las condiciones para tener una discusión constitucional", acusando una "fatiga", donde, "en el primer proceso constituyente, no más de un 30% de los chilenos leyeron el texto constitucional y hoy se estima que incluso puede ser peor el nivel de lectura que tiene esta propuesta constitucional".

El proceso, además, fue considerado por algunos sectores como una evaluación del Gobierno del presidente Gabriel Boric, lo que fue rechazado esta semana por la ministra vocera, Camila Vallejo.

"El hecho es que toda la ciudadanía tiene que tener muy claro que el 17 evalúan si están a favor o en contra de una propuesta de texto constitucional, no de una ley en particular, no de un sector político en particular, no de una persona en particular, sino de un texto constitucional, para que no nos engañemos y no engañemos a la ciudadanía", puntualizó Vallejo.