Brasil - Congresistas piden a la Fiscalía General que accione
Aprueban procesar a Bolsonaro por intento de golpe de Estado
El expresidente y 60 personas más están bajo sospecha
Una comisión del Congreso de Brasil decidió ayer por 20 votos contra 11 solicitar a la fiscalía general el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro y otras 60 personas, entre ellas ocho generales retirados, un almirante y empresarios del agronegocio, por haber organizado, financiado y planificado el intento de golpe de Estado del 8 de enero para derrocar a Luiz Inácio Lula da Silva.
La Comisión Parlamentaria mixta de Investigación (CPI), iniciada hace cinco meses, aprobó el informe de la senadora Eliziane Gama, del centroderechista Partido Social Demócrata (PSD), creado a partir de testimonios, quiebras de secretos bancarios y telefónicos y documentación oficial para abordar el asalto a la sede de los poderes en Brasilia perpetrado por miles de bolsonaristas que reclamaban la intervención del Ejército por considerar que hubo fraude en las elecciones vencidas por Lula.
"El 8 de enero es obra de lo que llamamos bolsonarismo. No fue un movimiento espontáneo ni desorganizado; fue una movilización idealizada, planificada y preparada de antemano. Los ejecutores fueron inspirados y organizados por instigadores que definieron fechas, ruta y estrategia de manera coordinada para afrontar y ocupar espacios", afirmó la senadora Gama.
El bolsonarismo, por su parte, acusó a la Comisión de haber omitido supuestas responsabilidades del gobierno de Lula que había asumido una semana antes en la prevención del asalto al Palacio del Planalto, el Congreso, y el Supremo Tribunal Federal. Esta posición fue derrotada incluso con el voto de la derecha opositora moderada.
El caso le pone presión a la situación de Bolsonaro, quien ha negado tener vinculación con el intento de golpe de Estado.
El informe de la comisión pide el procesamiento de Bolsonaro por cuatro delitos como asociación ilícita, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y uso de medidas para impedir el libre ejercicio de los derechos políticos, que podrían conllevar, en caso de que se acepte la denuncia y se lo juzgue, 29 años de prisión.
