En Perú - Ya hay casi una veintena de fallecidos
Dispusieron toque de queda por tres días
La decisión adoptada por el Gobierno es para la zona andina de Puno, que se transformó en el foco de episodios de extrema violencia contra la presidenta Boluarte
El Gobierno de Perú dispuso toque de queda, ayer, en la zona andina de Puno, en el sur: se trata del área convertida en el epicentro de violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte que dejaron ya 18 muertos en dos días por los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes.
“Se ha aprobado en el Consejo de Ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 hasta las 4 de la mañana”, anunció el jefe de Gabinete, Alberto Otárola ante el pleno del Congreso.
La cifra de víctimas fatales fue aumentando desde la tarde del lunes y aunque el último informe de la Defensoría del Pueblo habló de 17 muertos, el número llegó a 18 con la confirmación de que también murió un policía, cuyo cuerpo calcinado fue encontrado ayer en la urbanización Tambopata.
De un total de 40 heridos graves que había el lunes por la noche, cinco personas se sumaron a la nómina de muertos, en su mayoría por impactos de proyectil, según detalló un responsable sanitario del hospital, Carlos Monge.
"Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan", exclamó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
En su presentación ante el Congreso en busca del voto de confianza al gabinete, Otárola detalló que “la inmovilización social obligatoria” -como llamó al toque de queda- se impone para “salvaguardar” la vida e integridad de los ciudadanos, tras los actos vandálicos y enfrentamientos del lunes.
La medida, insistió, es “en salvaguarda de la vida, de la integridad y de la libertad de todos los ciudadanos”.
Otárola también anunció que la presidenta Dina Boluarte declaró duelo nacional laborable para hoy, en señal de respeto a las 45 víctimas mortales que se produjeron durante las protestas iniciadas tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia, el 7 de diciembre.
Y reiteró que “para mitigar el dolor de las familias de las personas que perdieron la vida o resultaron gravemente heridas durante los ataques y revueltas en torno a las marchas de protesta ocurridas en diversas ciudades, el Gobierno va a aplicar un programa de apoyo a las familias de las víctimas”.
