Piden la renuncia de Pedro Castillo

La ruptura del partido oficialista Perú Libre, dividido en cuatro grupos tras apenas 11 meses de Gobierno, se agudizó ayer con el pedido de ese colectivo marxista leninista de que el propio presidente Pedro Castillo renuncie a la militancia, una movida que podría debilitar su posición ante los pedidos de destitución de la oposición.

Perú Libre, a través de un comunicado publicado por su fundador, secretario general y máximo líder, Vladimir Cerrón, acusó a Castillo de fomentar divisiones en la organización y desarrollar un gobierno “neoliberal” distante de las reformas socialistas prometidas en campaña.

“Nuestro partido seguirá luchando por la conquista de sus legítimas aspiraciones, las que indudablemente son innegociables e inclaudicables para lograr un país democrático, descentralizado, inclusivo, internacionalista, humanista e íntegramente soberano”, señala el comunicado publicado por el Comité Ejecutivo Nacional y la bancada parlamentaria.

La interna

La solicitud de renuncia, que según el pronunciamiento precede a un proceso disciplinario interno contra Castillo, es un nuevo capítulo de evidentes enfrentamientos entre el presidente y un partido con el que ha tenido una relación accidentada desde que asumió el poder en julio de 2021.

Por el momento, Castillo, cuyo ingreso a PL se dio en el marco de la campaña electoral, se abstuvo de comentar el pedido, que puede debilitar aún más su posición en un marco en que fuerzas opositoras trabajan constantemente con el objetivo explícito de destituirlo o forzar su renuncia.

Las dudas ahora se centran en si, los 16 congresistas que permanecen en PL (de 37 que fueron originalmente) se sumarán a las acciones de vacancia (destitución), pues si lo hacen, el mandatario quedará sin la protección numérica de que ha gozado hasta ahora. Para la destitución se necesitan los votos de 87 de los 130 congresistas. Hasta ahora, con un bloque oficialista de 37 miembros -al margen de las divisiones- y de cinco aliados, a la oposición, liderada por partidos de derecha “dura”, le había resultado imposible llegar a esa cifra.

Tensiones

Perú Libre, fundado en 2008 por Cerrón en el departamento andino de Junín, en principio como una fuerza de alcance solo regional, llegó por sorpresa al poder después de una arremetida de Castillo en la primera vuelta, que le permitió convertirse en el balotaje en el dique de contención para la resistida candidata de la derecha, Keiko Fujimori.

No obstante, en cuanto se instaló el nuevo Gobierno empezaron las tensiones entre un partido que mantenía la fidelidad a Cerrón y un mandatario que aparentemente buscaba sus propios márgenes de acción sin la batuta de una dirigencia partidista, criticada por los adversarios por su supuesta tendencia al radicalismo, el autoritarismo y la corrupción.

El fundador y líder del partido, un médico de 51 años formado profesional e ideológicamente en Cuba, quiso ser el candidato presidencial a pesar de su baja popularidad nacional en las encuestas, pero no pudo, por haber sido condenado por hechos de corrupción cometidos durante su paso como gobernador de Junín (2011-2014).

Por el reparto de cargos

Ante esa circunstancia, Cerrón buscó un candidato con fama de radical que representara a la organización y lo encontró en Castillo, un maestro rural que cuatro años antes había acaparado titulares como líder de una huelga magisterial que marcó hitos por su dureza y su extensión de cuatro meses.

Así, Castillo, cuya militancia se limitaba a cargos regionales menores en un colectivo de centroderecha, Perú Posible -del expresidente Alejandro Toledo-, terminó de abanderado de un partido que se proclama marxista leninista, defiende a los gobiernos de Cuba y Venezuela y promueve un sistema económico nítidamente socialista.

Los choques se hicieron cada vez más notorios, con un mandatario que, sin decirlo en público, dejaba roles secundarios al partido y con un sector cerronista que repetidamente alzaba la voz para denunciar supuestos acercamientos del gobierno con la derecha.

A ello se sumó que el partido se debilitó por expulsiones como la de la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social, Dina Boluarte, a quien se le castigó por criticar el intervencionismo de Cerrón.