Diez años de cárcel para Jeanine Añez

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada a 10 años de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, al concluir el proceso del llamado "caso golpe de Estado II" en el que analizó su decisión de asumir la jefatura del Estado en noviembre de 2019.

También fueron condenados a 10 años por los mismos delitos el excomandante de las Fuerzas Armadas, William Kalimán, y el exjefe de la Policía, Yuri Calderón, ambos prófugos.

La condena contra Añez fue el final de un extenso proceso, con numerosas interrupciones -algunas técnicas y otras relacionadas con la salud de Añez- y constituye la primera resolución de relevancia sobre la salida obligada del poder del entonces presidente Evo Morales y el gobierno de facto que asumió en su lugar.

Antes de escuchar la decisión de la Justicia, en sus últimas palabras, Añez dijo que fue sometida a un "simulacro de juicio", remarcó que actuaría "de la misma manera" si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia y denunció que al Tribunal "el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés".

En este caso, denominado golpe de Estado II, en el que Añez y exjefes policiales y militares fueron procesados por decisiones contrarias a la Constitución, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular.

Para la defensa de Añez, no debió juzgarse a la exmandataria por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso, pero los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.

"En ningún momento he vulnerado la Constitución Política del Estado o he emitido normas u órdenes contrarias. Y esto se ha podido evidenciar en todas las declaraciones y en todas las pruebas. Fui sometida a estas cansadorísimas horas de juicio porque el poder político les exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés", señaló Añez.

El tribunal debió trasladarse al penal de Miraflores para escucharla y luego hizo lo mismo al Penal de San Pedro para el turno de los excomandantes Flavio Arce y Pastor Mendieta.

Añez insistió en que en 2019 hubo "vacío de poder" y recalcó que no movió "ni un dedo" para asumir el Ejecutivo.

En La Paz, Cochabamba y Sucre se habían instalado vigilias de víctimas de la dictadura y seguidores del oficialismo, a la espera de la sentencia.

Las cuatro partes acusadoras, -la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, la Procuraduría y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez- habían coincidido en un pedido de 15 años de prisión.

Añez tiene pendientes otros dos juicios, uno, el "caso golpe de Estado I", por sus actos como presidenta y otros por las muertes ocurridas durante las llamadas masacres de Sacaba y Senkata, en las que se reprimió a protestas callejeras.

La oposición protesta

La oposición de ultraderecha y golpista boliviana anunció ayer diversas protestas contra el fallo. "A partir de la próxima semana, iremos generando movilizaciones", dijo el opositor Manuel Morales, del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

La familia de Añez llamó "cobarde" al expresidente de izquierda y anunció que apelará el veredicto.

"Es una sentencia política. No va a cambiar nada porque mi madre va a seguir siendo una presa política", lamentó Carolina Ribera, hija de la exmandataria conservadora, según reportó la agencia de noticias AFP.

Evo Morales, por su parte, consideró insuficiente la condena contra Añez y señaló en su cuenta de Twitter que "10 años de cárcel es una pena benigna en relación al daño que causaron a la democracia".

Un tribunal de La Paz halló anoche culpable a Añez de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.

La opositora, que cumplirá 55 años mañana, completará la pena en la cárcel de mujeres de La Paz, donde lleva 15 meses en prisión preventiva, y tendrá que pagar asimismo un monto aún no especificado por daños al Estado.