Entre el cierre del congreso o la destitución del presidente

La guerra entre el Gobierno y la oposición parlamentaria en el Perú tendrá su próximo episodio en el Tribunal Constitucional, que determinará si, como cree el Ejecutivo, una espada de Damocles comenzó a bailar sobre la cabeza de los parlamentarios.

El Tribunal, en concreto, tendrá que decidir si lo que ocurrió la semana pasada, cuando el Gobierno cambió de Gabinete ministerial al considerar que el anterior fue censurado, fue en efecto una censura, pues, de serlo, se habría dado un primer paso para un eventual cierre constitucional del Congreso.

La pelea

Así, en medio de figuras técnicas de difícil comprensión para el peruano promedio, continúa la crisis en un contexto en que, según una encuesta de IEP publicada el domingo pasado, la aceptación popular para el presidente Pedro Castillo (foto) llega a 31 % y la del Parlamento a 10 %, mientras que el 86 % pide "que se vayan todos".

El nuevo capítulo comenzó cuando el Gobierno de izquierda le pidió al Congreso, controlado por fuerzas de derecha, que derogue una ley que establece que cualquier referendo que se convoque debe ser autorizado por el Legislativo. Y lo hizo bajo la figura de cuestión de confianza.

El Congreso se negó a ver el tema, por lo que el Ejecutivo consideró rechazada una cuestión de confianza y procedió, en consecuencia, a cambiar el Gabinete. Por Constitución, si se rechazan dos cuestiones de confianza en un período, el jefe de Estado puede cerrar legamente el Congreso.

Según la nueva jefa del Consejo de Ministros, Bettsy Chávez, el Gobierno no desea cerrar el Congreso y quiere dialogar. Pero la oposición dice que hay una actitud provocadora, que se refleja en la designación como jefa de Gabinete de alguien cuyos choques con el Congreso han sido duros.

¿Disolución del Congreso?

A más tardar en un mes, Chávez tendrá que presentarse ante el Parlamento para pedir el voto de confianza que necesita por ley todo equipo ministerial entrante. Si se le niega, se habría dado teóricamente la segunda negativa y estarían dadas las condiciones para que Castillo disuelva al Legislativo.

En ese marco, el Congreso recurrió al Tribunal para plantear lo que se denomina "denuncia competencial". Ese tribunal analizará la procedencia de lo actuado y determinará si hubo rechazo a una cuestión de confianza o si el Congreso tuvo razones para actuar como lo hizo.

Según dijo el politólogo Roger Santa Cruz, el hecho de que el Tribunal ya haya determinado que la ley de referendo que pretendía derogar el Gobierno es constitucional, podría ser un indicio de que no considerará aplicable la cuestión de confianza. Sin embargo, aclaró, habrá que esperar.

¿Presidente suspendido?

Mientras tanto, en el potencialmente cercado Congreso avanza el análisis de una denuncia constitucional de la Fiscalía que, a la vez, apunta a la posibilidad de que Castillo sea suspendido de funciones por tiempo indefinido, lo que en términos prácticos implicaría un cambio de presidente.

La denuncia constitucional, para la que la Fiscalía asegura tener casi 200 elementos probatorios, apunta a que Castillo ha cometido supuestamente delitos de corrupción. Si la denuncia se aprueba en el pleno, las condiciones para la suspensión del presidente podrían darse. Pero, por Constitución, a un presidente en funciones solo se le puede destituir por cuatro delitos puntuales, relacionados con traición a la patria u obstaculización de elecciones. En los demás casos, sin importar la gravedad de los cargos, se debe esperar el fin del mandato.

¿Adelantan las elecciones?

Castillo, asediado por el Congreso desde el momento mismo en que se posesionó, en julio de año pasado, califica las maniobras de la oposición como un golpe de Estado en marcha, por lo que recurrió a la OEA para que se vea el caso a través de su Carta Democrática Interamericana.

"La sensación es que hay que tratar de trabajar con la mayor celeridad. Nosotros tuvimos la tarea de tratar de hacer lo que estuviera a nuestro alcance para entrevistarnos con la mayor cantidad posible de instituciones", dijo el vicecanciller argentino, Pablo Tettamanti, miembro del Grupo de Alto Nivel que visitó Lima.

Ese grupo, formado por cancilleres o vicecancilleres de siete países y por un representante de la Secretaría General de la OEA, tendrá que elaborar un informe, a partir del cual se tomarán las decisiones del foro continental.

Pero en Perú, salvo por algún optimismo expresado por el Gobierno, no hay confianza en lo que pueda salir, entre otras cosas porque la OEA no tiene mandatos vinculantes que superen la profunda polarización.

De hecho, este domingo fracasó un intento de acercamiento formulado por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, pues ni representantes del Gobierno ni del Congreso acudieron a una cita para conversar entre poderes.

Entretanto, Chávez, abogada de 33 años que se ha destacado por su perfil alto para enfrentar a la oposición como ministra de Trabajo y de Cultura, inició trabajos en medio de la alta rotación de funcionarios, expresada en el paso de más de 70 ministros en las 19 carteras en 16 meses.

Las encuestas señalan que hay acogida para un adelanto de las elecciones previstas para 2026, pero tanto el Gobierno como el Congreso objetan esa posibilidad y las entidades cívicas que la promueven aún no logran la fuerza para forzar la figura.