Perú
La oposición volvió a insistir con la destitución del presidente Castillo
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso unicameral del Perú aprobó ayer un informe, que ahora pasará a manos de la Comisión Permanente, que aconseja acusar constitucionalmente al presidente de Perú, Pedro Castillo (foto), por traición a la Patria, en un nuevo intento por destituir al mandatario.
El informe fue aprobado con un margen estrecho -11 votos a favor y diez en contra- por la subcomisión encabezada por la expresidenta del Parlamento, Lady Camones, en una votación apoyada por el fujimorismo opositor y en la que fue necesario sumar los votos de otras formaciones como Alianza para el Progreso o Somos Perú.
La resolución concluye que Castillo debería ser inhabilitado durante cinco años de cualquier puesto al frente de la función pública tras presuntamente haber cometido los delitos de traición a la patria y haber violado la Constitución al hablar de concederle a Bolivia una posible salida al mar.
Si el informe, con el que la oposición busca inhabilitar a Castillo, es aprobado por la Comisión Permanente, deberá ser tratado por el pleno del Congreso.
La respuesta de Castillo no se hizo esperar y, durante una reunión con dirigentes del distrito de San Juan de Lurigancho, uno de los 43 que conforman la provincia de Lima, el mandatario dijo esperar que el Congreso actúe de acuerdo con el sentir de la ciudadanía y no el de particulares.
El informe se basa en una entrevista concedida por Castillo en enero a la televisora CNN en español, en la que no descartó facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población lo decide a través de una consulta popular.
Brasil: ordenan despejar rutas e imponer multas
El ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, ordenó ayer el despeje en todo el territorio del país de las rutas ocupadas por camioneros y manifestantes seguidores del presidente Jair Bolsonaro. Moraes determinó que las medidas “sean tomadas de inmediato por la Policía Federal, la Policía Federal de Rodoviaria (carreteras) y la policía militar estatal”, que deben identificar a los manifestantes, empresas y personas que participan en los movimientos, por lo que se impone una multa de R$100 mil por hora, según lo previsto en una decisión del propio ministro.
