Perú - Enviará un grupo de alto nivel y el Congreso acepta dialogar
La OEA respaldó a Castillo
El organismo llamó “a todos los actores” a actuar dentro “del estado de derecho”
La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó ayer su “apoyo y solidaridad” al presidente de Perú, Pedro Castillo, y decidió el envío de un “grupo de alto nivel” a ese país, después de que el mandatario, con varias causas judiciales por corrupción en su contra, pidiera ayuda para superar la crisis política.
En una sesión extraordinaria en Washington, el Consejo Permanente, órgano ejecutivo de la organización, adoptó por aclamación la resolución de “respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática” en Perú y llamó “a todos los actores" a actuar dentro "del estado de derecho”.
El titular del Congreso, José Williams, destacó después la predisposición del cuerpo a reunirse con los diplomáticos del organismo regional, pero dejó en claro que lo que haga la OEA “de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano”.
La OEA designó a “un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación” y luego informe de ello al Consejo.
Fue en respuesta a un pedido del propio presidente, que solicitó activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado en 2001 para promover los principios democráticos entre los Estados de la región.
El artículo 17 contempla que un país pueda “solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de su institucionalidad democrática” si considera que “está en riesgo” y el 18 permite visitas y gestiones para analizar la situación, siempre que lo autorice el gobierno afectado.
Castillo pidió a la OEA “iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, los poderes del Estado y las fuerzas sociales” en busca de “un camino que impida una grave alteración del orden democrático en el Perú”.
