Iglesias evangélicas van a la Justicia contra el carnet de vacunación y maestros rurales amenazan con marchas

Pese a que el Gobierno de Bolivia aclaró que la vacunación contra el coronavirus es voluntaria y destacó que quienes no tienen carnet de inmunización pueden presentar alternativamente una prueba PCR negativa, iglesias evangélicas y otros grupos vinculados a los sectores antivacunas pidieron ayer la nulidad de ambas medidas ante la Justicia. Además, organizaciones del magisterio rural amenazaron con marchar a La Paz, la capital nacional, si no se derogan esos decretos y declararon persona no grata al expresidente Evo Morales por sus declaraciones sobre los maestros que se niegan a volver a la presencialidad.
"Planteamos un recurso de acción popular para dejar sin efecto los decretos supremos 4.640 y 4.641, (que) se constituyen en decretos atentatorios y vulneratorios de derechos y garantías fundamentales", informó a periodistas el abogado Gabriel Justiniano, representante de los evangélicos y otros grupos demandantes, informó la agencia de noticias Sputnik.
La demanda fue descalificada de inmediato por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien insistió en el argumento oficial de que la vacunación sigue siendo voluntaria y que quienes no tienen carnet de inmunización pueden presentar alternativamente una prueba PCR.
La demanda de acción popular -un recurso que exige a las autoridades el cumplimiento de la Constitución- fue presentada por el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, Luis Aruquipa, el exlíder sindical Jaime Solares, dos médicos conocidos por usar el dióxido de cloro para combatir el Covid-19 -un tratamiento no comprobado científicamente y que ha tenido secuelas fatales- y un comité cívico de la ciudad de El Alto, dijo Justiniano.
El ministro Lima aseguró que los decretos sobre el carnet de vacunación se ajustan "estrictamente" a la Constitución y protegen el derecho colectivo a la salud sin afectar las libertades individuales. 
Pese a algunas críticas de sectores antivacunas, la medida provocó un fuerte aumento de la demanda de inoculantes y pruebas de Covid-19. En tanto, desde la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, al menos cuatro organizaciones sociales dieron al Gobierno un plazo de 24 y 72 horas para derogar los decretos, bajo la amenaza de movilizar hacia la capital. Por separado, se pronunciaron el Magisterio Rural de La Paz, el Comité Cívico de El Alto, los gremiales dirigidos por Toño Siñani y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve). Aclaró que no están en contra de las vacunas que promociona el Gobierno, sino de la obligatoriedad de llevar los carnets de vacunación o la prueba PCR negativa para el ingreso a las instituciones públicas y privadas, o donde exista aglomeración de personas.