Toque de queda en Cataluña, “pase verde” en Italia y aval al certificado sanitario en Francia

La máxima instancia judicial de Cataluña autorizó ayer prolongar hasta el 20 de agosto el toque de queda nocturno en casi 200 municipios de esa región autónoma del noreste de España para combatir la propagación del coronavirus. El fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña permitió además que se amplíe de 163 a 176 el número de localidades donde quedarán prohibidos los desplazamientos entre la 1 y las 6, tal como dispuso el Gobierno regional.

España, al igual que varios otros países de Europa, vive un fuerte rebrote de casos de coronavirus impulsado por la altamente contagiosa variante Delta. Las hospitalizaciones también aumentaron, pero no ha habido un gran salto en las cifras de muertes diarias.

En tanto, el Gobierno italiano anunció ayer que hará obligatorio para docentes de todo el país, estudiantes universitarios y viajes internos de larga distancia el denominado “pase verde” sanitario al que accederán personas vacunadas, con test negativo de coronavirus o recuperadas de la enfermedad en los últimos seis meses.

“El pase verde será obligatorio para todos los trabajadores de las escuelas y en las universidades, donde no será solo para el personal, sino también para los estudiantes”, anunciaron los ministros de Salud, Roberto Speranza; de Educación, Patrizio Bianchi; y de Infraestructura, Enrico Giovannini.

El denominado “pase verde” estará vigente en toda Italia desde mañana y será obligatorio para participar de eventos en lugares cerrados, acceder a museos y congresos y asistir a espectáculos masivos, además de para consumir dentro de restaurantes y bares.

Por su parte, el Consejo Constitucional francés validó ayer el uso de un certificado sanitario que limita el acceso a restaurantes y bares a las personas que no se hayan vacunado o hayan dado negativo a una prueba COVID.

Este controvertido certificado provocó varias jornadas de protestas masivas en todo el país, con críticos que acusan al presidente Emmanuel Macron de poner en marcha una “dictadura” sanitaria.

Pero el Consejo Constitucional, que vela por la conformidad de la ley con la Constitución y los derechos fundamentales, estimó que este certificado supone una “conciliación equilibrada” entre libertades públicas y protección de la salud.