Anticipan meses de fuertes y difíciles disputas

La instalación de la Convención Constitucional en Chile esta semana, tras décadas de reclamos populares y el estallido social de octubre de 2019, marcó el inicio de un largo camino que lejos de tranquilizar la atmósfera política, desnudó la lista de tensiones que enfrentará este proceso, envuelto además en una incierta coyuntura electoral.

Un día antes de la sesión inaugural, uno de los principales editorialistas del diario La Tercera, Daniel Matamala, anticipó el cimbronazo que este proceso significará para el país: “Se trata de sacar a la luz, de escenificar por primera vez en la gran escena del poder, aquel Chile postergado y silenciado”.

“En vez de protocolo habrá catarsis. Y eso es tan saludable como necesario”, sentenció.

El clima político, el año electoral y el volumen de demandas expresadas en las aún efervescentes calles del país anticipan que los meses de trabajo de este órgano, antes de entregar el texto que debe ser aprobado en un plebiscito, serán escenario de fuertes disputas.

El líder del Partido Progresista de Chile y fundador del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, advirtió en charla telefónica con Télam que aunque la Convención comenzó con un gran piso de legitimidad también enfrenta “varias adversidades”, entre ellas, que tiene “el árbitro en contra”, en alusión al presidente Sebastián Piñera, además de un escaso interés de la mayoría de los chilenos.

Estas relaciones de fuerza, la presión de grupos económicos, el gran empresariado y la protesta social callejera son las “conflictivas aguas por las que navegará esta Convención”, agregó el también excandidato presidencial.

Otra de las grandes fracturas sociales que atraviesa la sociedad chilena en la actualidad, los derechos humanos y la criminalización de la protesta, se vio expresada al interior de la Convención en radicales diferencias respecto a un posible indulto a los detenidos durante 2019.

Indultos

Los constituyentes de Chile Vamos y algunos independientes estiman que la Convención no tiene que inmiscuirse en absoluto en el tema de los indultos, mientras el resto de las coaliciones se reparte entre quienes lo plantean como condición sine qua non para que el cuerpo inicie sus sesiones y quienes se limitan a apurar una ley en el Congreso que acelere el trámite judicial.

Tras un enconado debate, que evidenció grietas entre las coaliciones de centroizquierda, el órgano decidió por amplia mayoría en una segunda votación (105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones) una declaración sobre los detenidos, en la que demandan “máxima celeridad” en la tramitación del proyecto de indulto y que abarque a los presos por el conflicto en el Wallmapu (territorio mapuche) desde 2001.

El Gobierno criticó horas después la declaración de la Convención sobre el indulto, dijo que en Chile “no hay presos políticos” y que es la violencia la que se debe extirpar de nuestra convivencia social.

Estos primeros días estuvieron también atravesados por ásperos cortocircuitos con el Gobierno, a quien la mayoría de los constituyentes -incluidos oficialistas- responsabiliza por la seguidilla de problemas técnicos y sanitarios que retrasaron el inicio de las sesiones del cuerpo.

La ampliación de la mesa directiva -cuyas atribuciones no están claras- también generó fuerte controversia y la molestia de los constituyentes de la derecha, que evalúan impugnarla ante la Corte Suprema.

Mientras el grupo define su reglamento, su funcionamiento e incluso las mayorías necesarias para avanzar, queda claro que el proceso transitará un camino sinuoso de impredecibles y cambiantes relaciones de fuerza.