Están en marcha las reformas agraria y de explotación del gas

El Gobierno del presidente de Perú, Pedro Castillo (foto), comenzó esta semana una nueva fase, en la que buscará concretar sus promesas de cambio, pero ya sin el ambiente de confrontación que, en opinión extendida, imprimía el anterior jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido.

“Somos conscientes de los grandes retos que tenemos: construir un país más justo y equitativo, con oportunidades de trabajo, con mejor economía, con hombres y mujeres en igualdad de oportunidades, con un sistema de salud fortalecido”, dijo Castillo, en el primer acto público en que estuvo con la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.

El presidente, un profesor rural quechuahablante, sin experiencia previa en administración pública y que llegó al poder con un partido que se define marxista-leninista, Perú Libre (PL), está empeñado en una serie de cambios.

Entre ellos destacan coyunturalmente la llamada Segunda Reforma Agraria y la renegociación de los contratos con el consorcio privado que explota los yacimientos gasíferos de Camisea, aunque se traten de procesos de largo plazo.

Reforma agraria

Para Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro, un foro que suele representar la voz de pequeños y medianos agricultores, “después de muchos años, hay un gobierno que le da importancia a la seguridad alimentaria y está al servicio del 98% de los actores del campo”, en referencia a la prometida reestructuración del sector.

Entre 1968 y 1975 Perú tuvo una de las reformas agrarias más radicales que haya visto Sudamérica, bajo el gobierno militar de izquierda de Juan Velasco Alvarado y que continuó incluso hasta 1979 bajo la también dictadura castrense de Francisco Morales Bermúdez, aunque esta fuera de signo conservador.

Según el investigador Fernando Eguren, en ese lapso se expropiaron 15.826 fundos que sumaban más de nueve millones de hectáreas entregadas a unos 370.000 campesinos.

Esta vez, según aclaró enfáticamente el gobierno, la reforma no tendrá nada que ver con expropiaciones: “No es parte de la propuesta, está descartado. Básicamente consiste en promover el desarrollo integral de las zonas rurales”, dijo el ministro de Agricultura, Víctor Mayta.

Gas: Acuerdo o nacionalización

Por otro lado, Vásquez se puso al frente de una comisión que renegociará Camisea, junto a los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia, Economía, Comercio y Energía, el viceministro de Hidrocarburos y el presidente de la estatal Perupetro.

El consorcio, formado por la empresa argentina Pluspetrol (27% de participación), la estadounidense Hunt Oil (25,4%), la surcoreana SK Innovation (17,6%), y la argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach, con 10% cada una, ya aceptó renegociar el tema del gas.

Ese énfasis fue necesario después de que Bellido, al anunciar la renegociación, dijo, contra la idea de Castillo, que en caso de no haber acuerdo, los yacimientos, que producen en tres pozos de 43 a 48 millones de metros cúbicos diarios -más de 92 % del gas natural de Perú-, pasarían a ser administrados por el Estado mediante nacionalización.

Castillo tiene, además, promesas en salud, educación, empleo, pensiones, costo de servicios y políticas tributarias, y sobre todo una con muchos más obstáculos: una nueva Constitución. Para analistas, los retos para el Gobierno de Castillo, que se instaló en julio, pasan por enfrentar a una oposición “dura” de derecha que quiere sacarlo, articular con sectores moderados e imponer orden en el oficialismo, todo sin dejar de lado las promesas de cambio que explican su triunfo electoral.