Diputados enfrenta al Senado

La Cámara de Diputados de Brasil dio ayer un apoyo clave al Gobierno al contradecir al Senado y mantener el veto presidencial que habilita el recorte salarial de los empleados públicos de todo el país, apenas horas después de que Jair Bolsonaro denunciara que es “imposible gobernar” el país.

Por 316 votos a favor y 165 en contra, la Cámara de Diputados respaldó el plan de ajuste del presidente Bolsonaro y mantuvo el congelamiento de salarios y beneficios para los empleados estatales, incluidos los médicos y policías que están trabajando en la primera fila de la pandemia, una medida que era reclamada por los grandes medios y el mercado financiero.

Con la decisión de los diputados quedan congelados hasta diciembre de 2021 los salarios de todos los empleados públicos como parte de las medidas tomadas por el Gobierno en la pandemia.

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido derechista Demócratas, condujo las negociaciones y logró conseguir una mayoría que respalde el veto presidencial y se enfrente al Senado entre los liberales críticos y los alineados a Bolsonaro y a la política económica del ministro Paulo Guedes.

En contraposición al congelamiento de los salarios estatales, Bolsonaro estudia extender hasta fin de año una ayuda de emergencia que se concretó en medio de la pandemia para más de 65 millones de personas de casi 50 dólares.

Médicos Sin Fronteras, no

Por otra parte, al menos 700 indígenas murieron de coronavirus en Brasil desde el inicio de la pandemia y la situación puede empeorar luego de que el Gobierno del presidente Bolsonaro negara el acceso de especialistas de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) a las reservas de la tribu Terena, donde viven cinco mil personas, en Mato Grosso do Sul.

La decisión de impedir a MSF fue determinada por la Secretaría de Salud Indígena del Ministerio de Salud brasileño (SESAL) luego del pedido realizado por los propios indígenas de la tribu Terena a raíz de que más de mil personas se contagiaron de coronavirus y 33 han fallecido en las últimas semanas.

La situación más crítica se encuentra en Aquidauna, Mato Grosso do Sul, cerca de la frontera con Paraguay y Bolivia.