Un triunfo de proteccionistas

Los concejales de la ciudad de Puerto Deseado, Santa Cruz, dieron marcha atrás con el proyecto de eutanasia de perros y gatos callejeros. A su vez, las autoridades municipales declararon a la localidad como una “ciudad no eutanásica”, debido a las quejas por parte de proteccionistas de animales que contagiaron a los vecinos. Según indicó el Medio Uno, el Gobierno de Puerto Deseado resolvió capacitar al personal de la Dirección de Control Canino para realizar campañas de castración masiva, así se evita tener más perros y gatos callejeros. “No se sacrificó a ningún perro”, aseguraron las autoridades de la ciudad. El Gobierno decidió dar marcha atrás con el proyecto, debido al fuerte rechazo social que generó la Ordenanza N° 6.933/18, sancionada el 27 de septiembre pasado. El intendente, Gustavo González, convocó a una mesa de trabajo con funcionarios y representantes del proteccionismo de animales para abordar “la problemática sobre el control de la población canina”. Finalmente, se logró llegar a un proyecto que “prohibirá el sacrificio y la eutanasia de animales y la tercerización de esas prácticas”. Actualmente, se estima que, de 10 mil perros que hay en Puerto Deseado, 1.600 son callejeros. La decisión tomada confirma “las políticas de Estado que el municipio ya aplica y a través de las cuales se promueve como principal método de control de la población canina las castraciones masivas, gratuitas y sostenidas en el tiempo”, según manifestaron en un comunicado por parte del Gobierno de Santa Cruz. Cabe recordar que en noviembre pasado, los grupos proteccionistas se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno de Puerto Deseado, y a través de las redes sociales pidieron la derogación de la Ordenanza 6.933. Denunciaban que la misma permitía la matanza de canes con el “objetivo de controlar la población”. Al mismo tiempo, reclamaban la implementación de un control poblacional preventivo basado en la castración, tal como sucede en otras ciudades de Santa Cruz, entre ellas Río Gallegos. Por otra parte, requerían que la gobernadora, Alicia Kirchner, ordene al intendente aplicar “políticas éticas por superpoblación animal”. Finalmente, el agua no llegó al río y desde el propio municipio tuvieron que revertir las medidas, antes que intervenga el Gobierno provincial, en un tema que se había propagado por todo el país.