Netflix se interesó en Cositorto y ya están filmando en la ciudad

Llamaba la atención, la propuesta era atractiva: la gente hacían inversiones en dólares porque el rendimiento que se les ofrecía era, por lo menos, excepcional.

Generación Zoe recibía aportes y prometía pagar dividendos del 7,5% mensuales: un banco, por entonces, pagaba alrededor del 2%.

Este medio, hacia finales de 2021, comenzó a mirar con detenimiento la oferta: algo no era del todo claro. Investigó y, tiempo después, la Fiscalía de Instrucción del Segundo Turno, encabezada por Juliana Companys, recibió cuatro denuncias que habían sido formuladas en la Unidad Judicial. Las víctimas se decían, sencillamente, estafadas: habían dejado de cobrar el dinero prometido por la organización liderada por un señor cuyo nombre, a lo largo de meses, no dejaría de mencionarse: Leonardo Nelson Cositorto.

En febrero de 2022, tras la denuncia de los ahorristas, comenzaron los procedimientos para detener a ese hombre, pero también a todos aquellos que estaban a su lado, que lo acompañaban.

Por ejemplo, el 21 de marzo de del año pasado, policías detuvieron a Maximiliano Batista, el segundo de Cositorto, cuando llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza proveniente de París en un vuelo de Air France.

Pasó menos de un mes y, finalmente, el lunes 4 de abril, agentes de Interpol atraparon a Cositorto en República Dominicana por asociación ilícita y estafa, a raíz de la causa iniciada en los Tribunales de Villa?María.

Esta historia -la de Cositorto, la de su empresa, la de las víctimas, la de la persuasión-, ahora, pasará a la pantalla: Netflix, uno de los monstruos de la industria audiovisual, se interesó y, de hecho, una productora ya comenzó a filmar en diversas locaciones villamarienses para la plataforma (como se puede observar en una de las imágenes) e incluso realizó algunas entrevistas.

Por otra parte, de acuerdo con lo publicado en el medio digital Perfil, si bien la productora se mostró “muy celosa” con datos respecto a la duración y la fecha de estreno, sí se confirmó que el eje de la producción estará puesto en las víctimas de “las maniobras investigadas”.

Asimismo, la película -documental- aprovechará para ahondar en esta presunta estructura de estafa piramidal o Ponzi -modalidad que desde hace varios años, en todo el planeta, ha cosechado a miles de damnificados- y que, en lo que atañe a Zoe, logró expandirse a los más diversos ámbitos, como clubes de fútbol, locales gastronómicos, empresas de construcción y trading, por medio de un discurso vinculado al coaching ontológico.

El documental también se servirá de una gran cantidad de material de archivo que existe gracias a las propias grabaciones de Cositorto, con videos de conferencias, disertaciones, mensajes y reuniones. A la vez, Perfil expuso que hay documentos fílmicos de su rastreo por parte de Interpol y de su captura en el país situado en el Caribe.

Síntesis de la causa

La causa de Villa María, caratulada como “estafas reiteradas y asociación ilícita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades: entre ellos, además de los hombres mencionados, se encuentra Claudio Álvarez, que, con su familia, está señalado de ser quien operaba en nuestra ciudad.

En otro plano, según la fiscal, en la ciudad “son más de 1.050 las víctimas y, hasta el momento, son únicamente 176 los damnificados que denunciaron” las estafas.

Cabe recordar, asimismo, que el miércoles 28 de diciembre, Cositorto se presentó, por tercera vez desde que está detenido, en el Palacio judicial local para ampliar su declaración. En aquella oportunidad, su abogado, Miguel Pierri, dijo que Zoe “no recibió ni aportó nada a los Álvarez”, en referencia a la conducción de la asociación, cuya sede supo estar en calle Alem.

Resta recordar que Companys le había precisado a un medio nacional que en su investigación contabilizó 2 millones de dólares y 15 millones de pesos, y añadió que tiene “conocimiento de que Zoe tenía un movimiento diario de un millón de dólares y un estimado aproximado de 120 millones de esa moneda” al momento de la intervención judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la Justicia, “probablemente, porque se trataba de dinero en negro”.