Libertos esclavizados en la región

La ley decía una cosa, la realidad otra

Como comunidad, nos asiste el derecho a la identidad, a saber cómo, a lo largo de la historia, fue alimentándose ese caudal que conforma nuestro ser actual. Es indudable que, por años, la imposición realizada por sectores dominantes silenciaron e invisibilizaron los aportes de algunas poblaciones, entre ellas, la de los esclavos y esclavas que en 1778 representaban el 12,51% de la población de la provincia de Córdoba.

Por años ha existido el mito de un supuesto trato benevolente de los esclavos en el Virreinato del Río de la Plata, bajo la legislación española. Existen relevamientos de documentos que ponen en tela de juicio esa mirada. En el caso de nuestra provincia, sabemos del tratamiento violento y cruel a muchas de las personas esclavizadas en este territorio. Igual, para el fin del período colonial se registra la libertad otorgada por algunos amos. En algunos casos, como reconocimiento de muchos años de servicio o de relaciones filiales con el amo. También, por la compra de la libertad que hacían los mismos esclavos. Pero también se registra un complicado y extenso proceso para la erradicación de la esclavitud.

No siempre lo que se planteaba en las normas legales llegaba a cumplirse en la realidad. Así tenemos que la Asamblea del año XIII decretó que los hijos de madres esclavas, nacidos a partir del 31 de enero de ese año, serían considerados libertos; es decir, personas libres. Si bien esta acción suele ser confundida con el punto final de la esclavitud en Argentina, la realidad no fue esa.

Los libertos, por la Ley de Vientres de la Asamblea del año XIII, tenían la obligación de vivir en la casa del amo de su madre  hasta casarse o lograr la mayoría de edad. Por entonces, las mujeres adquirían la mayoría de edad a los 16 años, en tanto que los hombres a los 20. También se estableció que debían servir al amo de su madre, sin salario, hasta los 15 años de edad. Después de esa edad recibirían un pago mensual que tenía que ser depositado en una cuenta custodiada por la Policía. Pero estas y otras disposiciones fijadas en el mismo instrumento legal no se aplicaron.

En 1822, el Censo Provincial arrojó que en Córdoba existían 383 libertos, de los cuales 66 se encontraban en la capital provincial. En 1932, según señala Marcos J. Carrizo, el número de libertos se había duplicado. Otro dato importante que señala el mismo autor es que para ese año “los afromestizos, entre libres  y esclavizados y libertos, conforman el 52 % de la población total” en la capital de la provincia.

Pero el camino a la libertad iniciado mediante la normativa dictada en 1913 no se dio sin contramarchas. En 1814, el Gobierno central habilitó el ingreso de esclavizados domésticos que acompañaban a sus amos. Durante la guerra que se libró contra el Imperio del Brasil se permitió que los capitanes de buques corsarios pudieran vender los esclavizados capturados. En 1933 se volvió a autorizar la venta de esclavos introducidos en calidad de sirvientes. 

Tratados y vendidos como esclavos

Pero para ver qué pasaba con los libertos en la realidad, relevo documentos relacionados con nuestra zona geográfica. En 1823, las autoridades provinciales distribuyeron la siguiente comunicación: “Orden a la Policía para que no dé licencia para salir a liberto alguno, que no tenga intervención el Regidor Defensor de Pobres. Esta disposición es a raíz de ventas que se han efectuado a otros pueblos de libertos favorecidos por la ley del 2 de febrero de 1913”.

Años después, la cosa no había cambiado mucho. Así lo muestran algunos documentos como los del año 1830, escritos por el juez de Paz del departamento Tercero Arriba, Nicolás Puebla, en el sudeste cordobés. Esta autoridad, con asiento en Pampayasta, le escribió una nota al ministro de Gobierno para solicitarle instrucciones sobre la problemática de los libertos.

En su escrito, el referido juez le pregunta al Gobierno provincial si los libertos de su jurisdicción, hombres o mujeres, pueden salir del departamento, hacia otra provincia, con quienes se decían sus amos. Esto último no es un detalle, pues se suponía que eran libertos y no deberían tener amos, dueños. El juez deja en claro que preguntaba porque “se tiene noticias que los venden y esclavizan, y aquí se les hace sentir el más duro yugo de la esclavitud”.

La autoridad regional denunciaba que los libertos seguían siendo tratados como esclavos e incluso vendidos.

Bebés encerrados en piezas separados de sus mamás

También solicitaba que le aclarara si había que ocuparlos como libres y qué debería “imponérseles a los amos, si los tratan como a verdaderos esclavos no siéndolos”. Este documento, preservado en el Archivo Histórico Provincial de Córdoba (AHPC),  deja en claro que los libertos eran tratados como si aún fueran esclavos.

El historiador Marcos J. Carrizo, en su libro “África en Córdoba. Esclavitud, resistencia y mestizaje” señala que, entre las denuncias, este juez, Nicolás Puebla, “aparece la cuestión de la crianza de los niños, pues los amos los vendían privándolos, de esta manera, de las atenciones maternas, aún en la más tierna infancia”.  El juez escribió que los amos, cuando nacía algún liberto, “por no tener ya de ellos esperanza de lucro, en poder venderlos con libertad, los separaban del pecho de las madres…” y se los daban a otras personas para que los criaran. El juez preguntaba qué hacer en esos casos, pues podría hacer que los criaran “en donde se tenga más humanidad”, ya que conocía casos donde, por ejemplo, los niños que aún eran amamantados eran separados de sus madres que solo podían verlos cada 24 horas. Luego, los niños eran encerrados en una pieza “y la madre en otra”, distante de la de su hijo.

Libertos y esclavos en la zona

En el mismo año, el mismo juez, dirigió otra nota al ministro de Gobierno de la Provincia informando la falta de pago de los patrones a los libertos que, por su condición, debían recibirlo por su trabajo. Puebla señala que no se estaba cumpliendo la normativa que establecía que los patrones debían pagarle un peso mensual a los libertos a partir de los 16 años. En la nueva nota, el juez insistía contando que los libertos podían ser vendidos como si fueran esclavos. Puebla mandó al Gobierno un relevamiento de los libertos en su jurisdicción. En total, suman 96 niños y niñas, más 19 mujeres esclavizadas de Pampayasta, Capilla de Rodríguez (Villa Ascasubi) y Salto (Almafuerte). Recordemos que lo que primero se llamó Departamento o curato del Río Tercero en un momento fue dividido en dos, a la altura del Paso de Ferreyra (Villa Nueva). Desde ese punto geográfico hasta Salto, abarcaba el Departamento Tercero Arriba, luego cambiarían las cosas.

En el listado de libertos que escribe Puebla aparecen, entre otros amos y amas: “Don Apolinario Carranza”, con tres libertos, en la pedanía de Punta de Agua, hombre relacionado con la historia de Villa Nueva; en el “Cuartel de los Puestos de Ferreyra” el listado incluye a “Don Faustino Mansilla, 5 libertos; Don José Antonio Narbaja, 1 liberto; Don Manuel Ferreyra, 3 libertos y 1 esclavizada; Don José Tadeo Haedo, 42 libertos y 1 esclavizada; Doña Juana de Haedo 4 libertos y 1 esclavizada”. Debe recordarse que, para entonces, Villa Nueva estaba en lo que se conocía como la frontera este de la provincia.

En el caso de Trinidad Medina criada, es sacada de Córdoba capital por pedido de doña Mercedes Romero, quien sostenía que la misma tenía “trato carnal e ilícito” con su yerno don Juan Pedro Pizarro. Trinidad, esclava, es señalada como “cimarrona e huidora” y se la castigó enviándola con doña Antonina Díaz, en el paraje Quebracho del Curato de Santa Rosa. De allí logra huir, pero la recapturan y Antonina Díaz la devuelve a las autoridades que deciden, como condena, despacharla hacia la frontera este, a la “localidad de Villa Nueva”.

Revisar cómo se trataba de estirar el tiempo de la esclavitud para que, de esa manera, los amos, o “patronos” (como se denominaba a los patrones entonces) continuaran obteniendo beneficios económicos, puede ayudar a entender las resistencias que tienen algunos sectores cuando se proponen el reconocimiento de derechos a los trabajadores.