Juicio a las Juntas Militares y la Conadep en Villa María

No a la autoamnistía

El 9 de diciembre se cumplirán 40 años de la sentencia, dictada por los  jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la ciudad de Buenos Aires, en el Juicio a las Juntas Militares que usurparon el poder durante la última dictadura desaparecedora de personas. Un mes antes del acto eleccionario mediante el cual, en 1983, de manera democrática, se determinaron las legítimas autoridades gubernamentales, los dictadores sancionaron la Ley 22.924, mediante la cual se otorgaba una amnistía y prohibía abrir investigaciones o juicios sobre cualquier delito relacionado con la violencia política entre 1973 y 1982. Los dos principales contendientes en las elecciones fueron el radical Raúl Alfonsín y el peronista Ítalo Luder, que se pronunció por el respeto de la amnistía, en tanto que el hombre de la Unión Cívica Radical desconocía la validez de esa norma.

Alfonsín mandó a investigar a militares y guerrilleros

Ya siendo presidente, Raúl Ricardo Alfonsín, el 15 de diciembre de 1983, dictó dos decretos: el 157/83, ordenando perseguir penalmente a cinco dirigentes de Montoneros (Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja,  Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía y Héctor Pardo), un miembro del Partido Peronista Auténtico vinculado a Montoneros (el exgobernador cordobés Ricardo Obregón Cano) y la cabeza del Ejército Revolucionario del Pueblo (Enrique Gorriarán Merlo); y el Decreto Nº 158/83 ordenando someter a juicio sumario a nueve de los 10 militares de las tres armas que integraron las tres primeras Juntas Militares que dirigieron el país desde el golpe del 24 de marzo de 1976. La norma que estableció la investigación de los miembros de organizaciones guerrilleras señaló que se hiciera por los supuestos delitos cometidos a partir del 25 de mayo de 1973. En el caso de los militares, se planteó investigar a partir del golpe de Estado y no incluir los miembros de la última Junta Militar. También se dejaron de lado las atrocidades cometidas por la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), una organización terrorista parapolicial anticomunista de ultraderecha que operó desde 1973 y se estima que se llevó adelante un millar de asesinatos y unos tres mil atentados con bombas. En Córdoba actuó como Comando Libertadores de América.

Alfonsín también mandó al Congreso proyectos de modificación de la justicia militar que fueron aprobándose y estableciendo que las resoluciones de los tribunales militares podían ser revisadas por la justicia ordinaria. Además, el presidente firmó el Decreto 187/83 mediante el cual creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). El Congreso también derogó, por inconstitucional, la ley de autoamnistía que se habían otorgado los militares.

La Conadep fue generada con el objetivo de  investigar los crímenes de la dictadura, recibir denuncias y producir un informe acerca de todos los datos recabados. Ese documento final fue un insumo fundamental para el Juicio a las Juntas.

Conadep Córdoba, en Villa María 

El 17 de abril de 1984 se constituyó la delegación  Córdoba de la Conadep que, durante ese mismo mes, visitó Villa María.

Desde el Gobierno se había decidido encontrar la manera de echar luz sobre los terribles años del terror. En Villa María habían pasado cosas horribles y algunos actores sociales optaron por no olvidar y, de a poco, fueron acompañando a quienes habían sufrido la cárcel y la tortura, como así también a los familiares de los desaparecidos de nuestra ciudad y región.

Cuando la delegación de la Conadep Córdoba visitó la ciudad, lo hizo bajo el liderazgo del contador Albino Serafín, acompañado por María Elena Mercado y Patricia Tasso.

Silvina Requena, hermana del docente Eduardo Requena, supo contar que entonces la gente aún “tenía miedo...”.  Este es un dato importante para entender el contexto, pues el miedo sembrado por el Gobierno terrorista de la dictadura no había sido superado con la llegada de la democracia, incluso tiempo después se sufrirían los planteamientos militares y otros hechos que, por momentos, hicieron revivir el pasado. Por entonces, los militares aún tenían poder y aquellos discursos que pretendían negar o justificar las atrocidades cometidas por el sistema dictatorial eran manifestados públicamente.

En la edición del miércoles 17 de abril de 1984, elDiario anunció que ese día la delegación Córdoba de la Conadep se constituiría en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad local. Estaba previsto que a partir de las 9:30 registrarían las denuncias de todas las personas que habían “...estado recluidas en los centros de detención”. Las manifestaciones de las víctimas y familiares fueron registradas hasta las 18 horas. Después de eso, los integrantes de la Comisión ofrecieron una conferencia de prensa, en la cual señalaron que, hasta ese momento, en la provincia de Córdoba habían sido receptadas 203 denuncias.

La visita de la Conadep a la ciudad permitió que los familiares de las personas desaparecidas por la dictadura y quienes habían estado secuestrados en los centros de detención pudieran registrar, de manera oficial, sus denuncias. Aunque debe aclararse que no todos pudieron hablar, pues aún no habían caído los dispositivos armados por el terrorismo de Estado. La organización del poder que había logrado la dictadura, con el miedo como parte importante de la misma, aún tenía fuerza y sus efectos continuaban.

Delincuentes condenados

A nivel nacional, la Conadep entregó las conclusiones de su trabajo el 20 de septiembre de 1984, fruto de 280 días de trabajo. El informe demostró, por primera vez, el carácter sistemático y masivo de la represión militar. En tan poco tiempo de trabajo, pudo comprobar la existencia de 340 centros clandestinos de detención. Acumuló más de 7.000 archivos en 50.000 páginas. En ese informe, que luego se convertiría en libro bajo el nombre de “Nunca Más”, se elaboró un listado parcial de 8.960 personas desaparecidas. El trabajo de la Conadep fue fundamental para llevar adelante el Juicio a las Juntas realizado en 1985. La sentencia fue dictada el 9 de diciembre y condenó a cinco de los militares acusados y absolvió a cuatro.

Videla y Massera fueron condenados a reclusión perpetua con destitución. Viola, a 17 años de prisión; Lambruschini, a 8 años de prisión, y Agosti a 4 años y 6 meses de prisión; todos con destitución. Graffigna, Galtieri, Lami Dozo y Anaya, en esa instancia judicial, fueron absueltos. En el juicio, que fue oral y público, se escucharon testimonios muy duros acerca de las atrocidades que se habían cometido. Se probó que las Juntas Militares habían elaborado un sistema represivo ilegal, que incluyó la comisión de gran número de delitos, entre ellos: robo, privación ilegal de la libertad, tortura, homicidios, etcétera.

Todo el juicio fue filmado. Actualmente, mucho del mismo puede visualizarse en Internet. Es educativo volver a escuchar los testimonios acerca de las atrocidades cometidas en ese período donde el poder dictatorial decidía sobre la vida y la muerte de personas, sin juicio previo.

Quizás el aniversario de esa sentencia que fue histórica, aunque luego se dieran marchas y contramarchas, sea una oportunidad para volver a anular lo que pasó en ese tiempo y entender que en una sociedad democrática no puede haber cabida para discursos negacionistas que terminan avalando la acción criminal de la dictadura.