El padre de la primera reforma electoral

Roque José Antonio del Sagrado Corazón de Jesús Sáenz Peña Lahitte nació el 19 de marzo de 1851 en Buenos Aires. Conocido como Roque Sáenz Peña, fue un abogado y político argentino que resultó elegido presidente de la Nación Argentina como candidato del sector modernista del Partido Autonomista Nacional, ejerciendo el cargo entre 1910 y 1914, fecha en que falleció cuando aún le restaban poco más de dos años de mandato.

Su obra más destacada fue la elaboración y promulgación de la Ley 8.871, conocida como Ley Sáenz Peña, que instauró en Argentina el voto universal para varones, secreto y obligatorio.

Su figura es recordada en el Perú por haber sido combatiente voluntario del Ejército del Perú en la Guerra del Pacífico.

Su padre, Luis Sáenz Peña, también fue presidente de la Nación, ejerciendo el cargo entre 1892 y 1895.

El 4 de febrero de 1887 contrajo matrimonio con Rosa Isidora González Delgado, con quien tuvo dos hijos: Luis Roque y Rosa.

A partir del momento en que se hizo cargo del Gobierno, el 12 de octubre de 1910, Roque Sáenz Peña cambió el aspecto de la Casa Rosada, agregándole un lujo ostentoso al ceremonial.

Su mandato estuvo signado por la discusión en torno a la reforma electoral y sus resultados inmediatos, y buena parte de los hechos políticos de esos años quedaron eclipsados por esa disputa. Por ejemplo, se inauguró el primer subterráneo y se terminó la monumental Estación Retiro.

En 1912 se sancionó la Ley de Fomento de los Territorios Nacionales. La superficie nacional tenía la enorme mayoría de su población concentrada en el litoral marítimo o fluvial; por esa razón, la ley preveía -y en gran medida lo logró- la construcción de una cantidad de ramales ferroviarios que permitieran el establecimiento de población en otros puntos del interior. Se construyeron ramales en los territorios nacionales del Chaco, Formosa, Río Negro, Chubut y Santa Cruz; e incluso llegó un ramal ferroviario a Posadas, capital de Misiones. Falleció el 9 de agosto de 1914.

La Ley Sáenz Peña

Sáenz Peña era un demócrata convencido; pensaba que, libre de los políticos profesionales, el pueblo iba a elegir a los mejores para su Gobierno. También estaba preocupado por la cuestión social, es decir, por la posibilidad de que –alejados de la política– los obreros pudieran adherir al anarquismo o al socialismo.

Por último, temía que la enorme proporción de población extranjera, que no participaba de ningún modo en la política, pudiera caer en posturas maximalistas o permanecer como un cuerpo extraño en la sociedad. Por todas estas razones apoyó la reforma política basada en el voto universal y libre.

Dados los antecedentes de ­presión sobre los votantes –que votaban en voz alta–, la única posibilidad de libertad electoral era el sufragio secreto, por medio de boletas escritas en sobres cerrados. Y para asegurarse que nadie fuera impedido de concurrir a votar, lo hizo también universal y obligatorio.

Como padrón electoral se utilizaría el padrón militar.? Por otro lado, la participación de la población en las elecciones era bajísima, superando apenas el 20% de los electores potenciales.

 El encargado de diseñar el proyecto y defenderlo en el Congreso fue el ministro del Interior, el católico Indalecio Gómez. Debió enfrentar la dura resistencia de los diputados conservadores, cuyos privilegios se veían claramente amenazados por la reforma, y que desconocían otra forma de hacer política. 

Así, muchos legisladores de los sectores conservadores, aun no oponiéndose abiertamente, obstaculizaron la reforma. La Ley Sáenz Peña fue finalmente aprobada y promulgada el 13 de febrero de 1912.

Fue un gran avance en su tiempo, ya que permitía a grandes masas participar del acto electoral, aunque aún distaba de ser completamente universal: las mujeres? y los extranjeros, que por entonces eran gran parte de la sociedad, no tenían derecho a voto.

En qué consistía el fraude electoral

Una publicación de Caras y Caretas reseñaba que la realización del fraude requería de una cuidadosa ingeniería, que incluía un empadronamiento en el Registro Electoral, controlado por el oficialismo.

Así, el fraude comenzaba con la inscripción indebida de ciudadanos ausentes y fallecidos y la omisión de opositores.

En el día de votación, los clubes electorales urbanos o los cascos de las estancias concentraban la clientela de cada gran elector, desde donde se organizaba la “marcha hacia las urnas” para emitir el sufragio y dispersar a los opositores.

Una práctica habitual consistía en “volcar los registros”, destruyendo las actas oficiales y las boletas electorales y remplazándolas por otras que asignaran la victoria a la facción que conseguía realizar el cambio.

También era frecuente la compra de sufragios o su canje por empleos en empresas prestatarias de servicios públicos.

?El historiador Felipe Pigna señala oportunamente al respecto:

“Puede decirse que todos los gobernantes de lo que la historia oficial llama ‘presidencias históricas’, es decir, las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda; y las subsiguientes hasta 1916, son ilegítimas de origen, porque todos los presidentes de aquel período llegaron al Gobierno gracias al más crudo fraude electoral”.

El fraude, en algunos casos, resultaba increíblemente escandaloso, como lo cuenta el mismísimo Domingo Faustino Sarmiento en una carta a su amigo Oro, refiriéndose a las elecciones de 1857: “Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición”.