1890: Cumplimiento de la Ley de Matrimonio Civil

La implementación de la Ley de Matrimonio Civil no estuvo exenta de inconvenientes, la resistencia por parte de los sectores conservadores y religiosos fue de gran magnitud. Pasó más de un año desde la aprobación de la norma hasta iniciar su implementación en la provincia de Córdoba. En Villa María también se manifestó resistencia a la nueva norma legal. En una de sus obras, el historiador Efraín U. Bischoff señala la detención de un religioso de esta ciudad. 

?Expresión de la libertad de conciencia

La instauración en Argentina del matrimonio civil, bajo el Gobierno del presidente Juárez Celman, ocasionó rechazos en grandes sectores de la sociedad. Si bien ya se había producido la secularización de la enseñanza, mediante la implementación de la Ley 1420 del 8 de julio de 1884, sacar de la órbita de la iglesia católica el registro del acto público del casamiento implicaba quitarle a la misma, poder simbólico y jurídico, en una función que pasaría a cumplir el Estado.

Esto despertó la resistencia dentro de la curia y los fieles católicos, que defendieron su posición con ahínco.

Antes que el Presidente de la Nación remitiera el proyecto de ley al Congreso, se contaba con un antecedente en la provincia de Santa Fe, bajo la gobernación de Nicasio Oroño, que había merecido la oposición en distintos lugares del país. En la sesión de la Cámara de Senadores de la Nación, el 6 de septiembre de 1888, el secretario de Estado alegó en favor del proyecto del Poder Ejecutivo, señalando que este era una expresión genuina de la libertad de conciencia “conquistada por la civilización que hoy hace imposible que un hombre marche a la hoguera por no creer en Jesucristo”. Luego de una importante discusión, la Ley fue aprobada el 2 de noviembre del mismo año.

Idea supuestamente dañina

Un punto de gran interés incluido en el tratamiento que la norma tuvo en el Congreso Nacional, fue la modificación que estableció la precedencia obligatoria del matrimonio civil sobre el religioso, cuestión que no había previsto el texto enviado por el ejecutivo.   

El debate público por el proyecto había tenido inicio tiempo antes que este llegara al Congreso.

En ese marco se produjeron fuertes expresiones periodísticas, académicas y religiosas. La discusión pública se volvió apasionada y el ataque al gobierno fue constante. Desde Córdoba, a finales de agosto, el obispo mandó un escrito al Senado pidiendo que no se aprobara la norma que, según él, contenía una idea que le produciría gran daño a la tradicional sociedad argentina.

Ley de implementación en la provincia

Luego de que el matrimonio civil fuera Ley Nacional, las provincias debían cumplir lo dispuesto por esa norma. En el caso de Córdoba, el gobernador José Echenique estaba terminando su mandato y fue sucedido, en enero de 1889, por Marcos N. Juárez, quien  dispuso que se cumpliera con la Ley sancionada a nivel nacional. Frente a las dificultades en la implementación de la Ley y para hacer efectivo el cumplimiento de la misma, el 11 de octubre de 1889 remitió al Poder Legislativo un proyecto de Ley provincial de más de cien artículos.

Allí se estableció que “dentro de los cuatro meses siguientes a la promulgación de la ley, las municipalidades de la provincia, establecerán una o varias oficinas de Registro Civil de las personas”.

El 15 de noviembre de ese mismo año la norma fue reglamentada de manera tal que la misma entró en vigencia desde el primer día de enero de 1890. A partir de esa fecha comenzaron a correr los plazos.

Presbítero de Villa María, detenido

En toda Córdoba la resistencia de los religiosos católicos se hizo sentir y, de manera especial, en el interior provincial. Los párrocos de las pequeñas poblaciones se negaban a aceptar la nueva reglamentación. Efraín Bischoff, en su “Historia de la Provincia de Córdoba”, escribió acerca de algunos sucesos dados antes de la vigencia de la Ley provincial de Marcos Juárez.

Los religiosos se negaban a cumplir con la norma nacional. El referido historiador dice que “uno de los incidentes más delicados se produjo cuando, en mayo de 1889, el cura de Punilla, presbítero Jacinto A. Correa fue acusado… el Fiscal de Estado, doctor Juan Dios Moscoso, la resolvió a favor del sacerdote” por dictar esa medida el funcionario gubernamental, fue destituido.

Por su parte, los católicos realizaron, en la capital provincial, una marcha en apoyo a Moscoso. Hechos similares se produjeron a lo largo y ancho del territorio provincial. También acusados de expresarse en contra de la nueva legislación, y por no cumplir con la misma, fueron llevados presos al Cabildo, en la capital provincial, con el presbítero José M. López. El 22 de diciembre, señala Bischoff, “ocurrió lo mismo con el presbítero Miguel Salguero, de Villa María, apresado en Córdoba”.

Algo que los legisladores nacionales habían pensado que no sería de gran dificultad su implementación, pues no se trataba de otra cosa que respetar la libertad de conciencia y dejar en manos del Estado, algo que no solo implicaba a los católicos, tuvo serios problemas para ser llevado a la práctica. Pero así suelen pasar con las reformas, en este caso la provincia tuvo que dictar una Ley especial.