Segundo paquete de indultos dictado por Menem: repercusiones en la prensa local

Luego de los perdones presidenciales de 1989, el 29 de diciembre de 1990,  Carlos Saúl Menem volvió a sancionar indultos, esta vez mediante seis decretos. Esos nuevos perdones incluyeron a  los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas realizado en 1985, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola y Armando Lambruschini. También a otros militares condenados por crímenes de lesa humanidad como Ramón Camps y Ovidio Riccheri. Por otra parte, se indultó a Mario Eduardo Firmenich, Norma Kennedy, Duilio Brunello y a José Alfredo Martínez de Hoz junto a Guillermo Suárez Mason, estos dos últimos también condenados por delitos de lesa humanidad.

Monseñor Disandro a favor de los indultos

Siendo inminente la firma de los indultos, el 29 de diciembre, El Diario publicó opiniones de figuras públicas locales. El concejal radical, Raúl Pidoux,  manifestó "no creo en el arrepentimiento, aunque estimo que no puedo opinar, el indulto es una facultad del presidente...". Por su parte, el concejal peronista Elías Achad señaló "estoy en desacuerdo porque no es el fruto de un arrepentimiento explícito de las partes involucradas en el indulto, de manera que no nos hace prever que esto contribuya a la reconciliación nacional". En tanto que el vecinalista José Escamilla dijo no compartir "la decisión del presidente... Si alguien cometió una falta, debe pagar por lo que hizo". Antonio Sarno, radical que presidía el Concejo Deliberante, declaró "no creo en el arrepentimiento de esta gente. No son delitos comunes, sino genocidios de lesa humanidad... No merecen perdón. Yo creo en la justicia de los hombres para estos casos". El concejal por la UCR, Hugo Traverso, sostuvo "estoy en contra del indulto. La pacificación y la reconciliación nacional no pasa por el indulto sino por la plena vigencia de las instituciones...". También el concejal justicialista Eduardo Cánova y el empresario Agman Salomón opinaron en contra de los indultos. Diferente fue la opinión del obispo diocesano, monseñor Alfredo Disandro, quien se manifestó a favor del perdón presidencial señalando, entre otros conceptos, "no entro en lo político, ni partidista, considero simplemente que todo lo que se hace contribuyendo a la pacificación de los espíritus, es correcto. Es muy positivo". 

No a los indultos y a la convalidación de la teoría de los dos demonios

El 30 de diciembre en El Diario se publicaron las posiciones contrarias a los indultos de parte de la Unión Cívica Radical y la Corriente Peronista Nacional y Popular.  Esta última organización manifestó que el perdón presidencial era "una nueva claudicación ante los grupos de poder y la casta militar" y calificando de infamia argumentar que el mismo motivaba "la reconciliación nacional". Entre otros firmaban Oscar Mengarelli, Rubén Rüedi, Graciela Yessín, Richard Bertoglio, Jorge Rolotti y Viviana Ardiles. En tanto por los radicales, con la rúbrica de Héctor Massel, titular del partido a nivel local, manifestaron su "disidencia con la decisión presidencial" sosteniendo que los indultados estaban condenados por haber violado los derechos humanos. También el Centro de Empleados de Comercio hizo pública su oposición a los indultos acusando a Menem de realizar un gesto de omnipotencia mediante el cual dejaba de lado la igualdad ante la ley. Desde la entidad gremial se sostuvo "qué lejos está de pacificar los espíritus, desde la desigualdad de los hombres. Qué cerca está la debilitación de la democracia cuando prevalecen los grupos de presión".     

El mismo día que se publicaron estas expresiones, se realizó una concentración, a las 18 horas, frente a la plaza Centenario, donde "un grupo de ciudadanos de Villa María" se manifestaron en contra de los indultos, leyeron un documento que concluía con la frase: "ni perdón ni olvido, la memoria no indulta". Ese mismo día se realizaron marchas en distintos puntos del país, las más importantes se desarrollaron en  Rosario, Córdoba y Buenos Aires. En esta última ciudad, convocadas por las organizaciones de derechos humanos, se concentraron más de 40 mil personas para decirle no al perdón presidencial. Allí se leyó un documento repudiando  el indulto a los militares condenados y, a la vez, se marcó que la inclusión de montoneros entre los indultados se había realizado "con la pretensión de convalidar ante la sociedad la ilegítima teoría de los dos demonios".

Por su parte, los montoneros Fernando vaca Narvaja y Roberto Perdía, la CGT San Martín y la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas manifestaron su apoyo a los indultos.

En Villa María la manifestación callejera contó con la participación de unas cincuenta personas. El día anterior Jorge Rafael Videla había solicitado públicamente el "pleno desagravio institucional" para las Fuerzas Armadas.

"Villa María le dice  no al indulto"

El segundo día de 1991 se conoció la posición de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba que, mediante un comunicado de prensa, se refirió a la situación que vivían los trabajadores. Los educadores manifestaron desear que "la crisis por la que atraviesa el país no se descargue sobre el pueblo trabajador,  como en el caso de los 200 cesanteados de Bairagro, el retraso en el cobro del aguinaldo que sufrieron los empleados municipales", también se refirieron al duro momento que atravesaban los docentes privados y manifestaron su "firme repudio al indulto presidencial a los responsables de la dictadura más sangrienta de nuestra historia, como a las anteriores leyes de Punto Final y Obediencia Debida".

Días después, el domingo 6 de enero de 1991, El Diario publicó una nota titulada: "Un acto contra el indulto, se realizó en la ciudad". Se informó que "un acto en contra del indulto presidencial otorgado a militares y activistas montoneros, se llevó a cabo el viernes último en nuestra ciudad con la presencia de representantes de partidos políticos, gremios, militantes y APDH". Entre otros participaron del acto, realizado en la sede del sindicato de trabajadores judiciales, Aldo Tarantino y Elvio Toscano, por APDH, Roberto Bataglia, por el sindicato de judiciales, y Oscar Mengarelli, por la Asociación de Trabajadores del Estado. En la reunión se confeccionó un documento, firmado por las organizaciones mencionadas y el "Movimiento de Liberación 29 de Mayo", el Partido Comunista, el Partido Intransigente y UEOC "y representantes de agrupaciones políticas, como así militantes peronistas y radicales". En el documento, que rechazaba los indultos,  se criticó la "soberbia" de Menem, que había declarado que se "bancaba solito" las consecuencias políticas por indultar. También se dijo que "el mayor daño que este hecho produce es legitimar la idea de que un candidato puede prometer cualquier cosa en su campaña proselitista y hacer otra diametralmente opuesta en el poder". Señalaron que los sectores que reclamaban reconciliación entre los argentinos solicitaban, como condición previa, el perdón para delitos aberrantes y pedían no olvidar lo que había significado la represión de las Fuerzas Armadas.

Inconstitucionales

Por su parte, el presidente de la Nación, luego de las marchas contra los indultos, había señalado que el tema de los indultos estaba terminado y firmó otro decreto indultando 80 presos comunes. En tanto, el vicepresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, declaró que "en quince días más nadie se va a  acordar" de los indultos. Uno de los militares indultados, Jorge Videla, el 7 de enero concurrió a la Dirección de Educación Vial y Habilitación de Conductores de Vehículos, en Capital Federal. Cuando, quienes estaban en esas oficinas, advirtieron su presencia, lo chiflaron e insultaron tres veces. Quienes trabajan por la memoria ya estaban batallando para que no fuera posible lo que el presidente había firmado, para muchos era una lucha perdida, pero en el año 2003, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y en algunos juzgados se comenzaron a declararse inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad. En 2006, la Cámara de Casación Penal confirmó la inconstitucionalidad de los indultos concedidos en delitos de lesa humanidad. En 2010, la propia Corte Suprema de Justicia confirmó algunas sentencias dictadas por Tribunales inferiores, dejando establecido que debían cumplirse las condenas cortadas por esos indultos porque no respetaban la letra de nuestra constitución. Un triunfo de un pueblo que otra vez demostró que la realidad se construye, sin necesidad de aceptar como fatalidad lo que determinan los grupos de poder.