NOTA Nº 672, escribe Jesús Chirino

Documento de APDH con la firma de Raúl Alfonsín y Roberto Libedinsky

A 45 años del golpe, no cesamos en el trabajo de construir memoria. Aquí el encuentro de un villamariense que sufrió el secuestro y la desaparición de su hija, y un abogado que militó en el movimiento de los DDHH y luego llegó a la Presidencia de la Nación.
domingo, 28 de marzo de 2021 · 08:50

Raúl Alfonsín reclamando por desaparecido/as

A 18 meses de que se produjera el golpe de Estado de 1976, el 30 de noviembre de 1977, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), en una sesión de su Consejo de la Presidencia, aprobó un documento titulado “Sobre la paz y la vida”. El día 7 de diciembre, el escrito fue elevado a quien entonces ocupaba, de facto, la presidencia de la Nación.

El documento, acompañado con un listado de 228 desaparecido/as, lleva la firma de 97 personas en total, 26 de ellas mujeres. Entre las firmas se encuentran las de los obispos Jaime de Nevares, Carlos Gattinoni y Jorge Novak. En cuanto a  las mujeres aparecen, entre muchas otras, las rúbricas de Alicia Moreau de Justo; Matilde de Quarraccino; Graciela Fernández de Meijide; Noemí Fiorito de Labrune. Quizás la firma que más se destaca es la del Dr. Raúl Alfonsín, quien luego llegaría a ser presidente de la Nación. Quizás su participación en estas organizaciones de derechos humanos le ayudó a construir la convicción para que en 1983, al presentarse como candidato a la presidencia, propusiera juzgar a los militares responsables del terrorismo de Estado. La sociedad argentina se volcó a favor de la propuesta del líder de la Unión Cívica Radical, rechazando la amnistía propuesta por el candidato del Partido Justicialista, Ítalo Luder.

El primer presidente desde la recuperación democrática, firmó al lado de otros destacados nombres como Oscar Alende, Emilo Mignone, Ricardo Molinas, Raúl Bustos Fierro y José Míguez Bonino. Son numerosas las personalidades que, en plena dictadura, aprobaron ese documento, incluso aparecen nombres de rabinos, pastores y pastoras evangélicas, teólogos y mujeres de la iglesia católica. Tanto la difusión del documento como su envío a Videla fue un acto que demandó valentía . 

 

Rúbrica de Libedinsky

Quizás para quienes vivimos en esta zona de Córdoba, la firma que más destaca en este documento es la del odontólogo villamariense Roberto Libedinsky quien se había mudado a Buenos Aires. Su hija, Susana Beatriz Libedinsky, nació el 8 de febrero de 1958 en la ciudad de Tigre, provincia de Buenos Aires. Amante de la música y la literatura, cursó estudios de maestra jardinera y realizaba trabajos sociales en los sectores más humildes. El 18 de mayo de 1976, en medio de un violento operativo realizado en su domicilio de Tigre, luego de causar destrozos, la secuestraron y nunca más se supo de ella. Si bien no pude consultar el listado de las 228 personas desaparecidas que elevaron al genocida Jorge Rafael Videla, es seguro que allí constaba el nombre de la hija de este villamariense.

 

“Sobre la paz y la vida”

El documento que nos ocupa consta de nueve puntos. En el primero se narra, de manera sucinta, el surgimiento de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos “constituida por un grupo de ciudadanos de diferentes convicciones sociopolíticas, filosóficas y confesionales el 18 de diciembre de 1975”. Remarcan que desde entonces “ha preservado fielmente su objetividad y no sectorización” receptando y debatiendo los puntos de vistas de sus integrantes, luego la Asamblea expresa “su posición teniendo como única mira, los intereses generales de la paz interior y de la democracia en nuestro país. En esto consiste la autenticidad de su pluralismo”.

En el documento se  manifiesta el rechazo al “terrorismo” a la vez que se toman elementos del discurso de la dictadura para rebatirlos o exponer su contradicciones. Así frente a la supuesta guerra contra el comunismo llevada adelante por “los occidentales y cristianos”, expresión reiterada en la propaganda oficial del momento, se manifiesta que “no debe caer sobre la sociedad civil la carga de algunas publicitadas referencias a una nueva guerra mundial que ya habría comenzado, y de la cual nuestro país sería uno de sus escenarios”. El documento de APDH dice que de mantenerse esa hipótesis, el estado de excepción, es decir el gobierno militar, se mantendría indefinidamente. Se plantea un reclamo por la vigencia de la institucionalidad surgida de la voluntad popular y a la vez se cuestiona el accionar de la dictadura. Claramente se manifiesta el rechazo  de “toda forma de terrorismo que importe el empleo - por parte del Estado o con tolerancia del Estado- de métodos equivalentes a los que se quiere extirpar”.

 

Cuando la Corte dijo ser incompetente ante las desapariciones de personas

En su punto V el documento expresa “frente a la subsistencia de diversas formas de terrorismo en nuestro país y en el mundo, aparecen como innegables la eficacia de la acción del Estado argentino ante algunas de ellas, y su frustración ante otras. Tal frustración ha sido implícitamente reconocida por la Corte Suprema de Justicia en el caso PÉREZ DE SMITH, en el fallo del 18 de abril de 1977”.   

El referido caso judicial “Pérez de Smith” tuvo origen en la presentación realizada por doce ciudadanos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 11 de abril de 1977, con el patrocinio de un grupo de abogados entre los que figuran Raúl Ricardo Alfonsín, Luis A. Caeiro, Emilio Mignone y Genaro R. Carrio.

El escrito a la Corte surgió luego de que los familiares obtuvieron resultados negativos con los hábeas corpus presentados en otras instancias judiciales. En la presentación dicen “los firmantes de este escrito somos familiares o amigos de personas que, tras haber sido detenidas por grupos armados que prima facie actuaban en ejercicio de una autoridad, han desaparecido”. Junto a los antecedentes de las doce personas por las cuales reclamaban, se presentó una “nómina de otras personas desaparecidas en circunstancias semejantes. Son cuatrocientos trece casos, con sus correspondientes datos”. 

El Tribunal Superior se declaró incompetente, pero libró oficio al Poder Ejecutivo Nacional. Luego, el 10 de mayo del mismo año, APDH volvió a reclamar ante el gobierno por la desaparición de personas. Esa vez lo hizo ante el general Albano Harguindeguy, que ocupaba el Ministerio del Interior. En esa nota se encuentran la  firmas de la mayoría de quienes rubricaron el documento “Sobre la paz y la vida”: Alicia Moreau de Justo; Jaime de Nevares; Raúl Alfonsín; Alfredo Bravo; Emilio Mignone, etc.  

En el documento “Sobre la paz y la vida”, APDH recogió los términos expresados por el dictador en un llamamiento para una “Navidad en Paz” y le solicitó que prevaleciera “el valor supremo de la vida”; que no se persiguiera ninguna “expresión pacífica de ideas relativas a la organización y desarrollo del país”; la autonomía del Poder Judicial y que el ejercicio del monopolio de la fuerza por el Estado fuera ejercida “conforme a las leyes de la República”.

Hoy sabemos que la dictadura desaparecedora de personas seguiría su recorrido de horror, hasta que en 1983 recuperamos la democracia, ese sistema de vida que nunca se termina de construir y el cual debemos profundizar. 

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