A raíz de una conmemoración
El hábitat espera por una ley nacional
Acabamos de conmemorar el Día Mundial de la Arquitectura y del Hábitat. El drama de “los sin techo” y el dolor por los incendios son motivos más que suficientes para pensar más que nunca en una legislación que se complemente con la ya existente
Desde el punto de vista ecológico, el hábitat puede definirse como “un lugar con las condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal”. En tanto, desde el punto de vista del urbanismo, se podría señalar como un “espacio construido en el que vive el hombre”.
Si aunamos los criterios como lo propone desde 1996 la Unión Internacional de Arquitectos, y los sometemos a la luz tanto de las necesidades sociales y el actual desastre natural, podemos ver claramente cuánta falta nos hace una legislación nacional en la materia, complementaria de la 26.331, promulgada en 2007, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos, y de los servicios ambientales que éstos brindan a la sociedad.
Más allá de esa complementariedad, se vuelve absolutamente necesario que luego se destinen los fondos necesarios para que la legislación (vigente y por venir) no se vuelvan hojas muertas… quemadas.
En un trabajo para el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, Gabriel Lanfranchi, Guadalupe Granero e Ignacio Duarte recordaron que la Nueva Agenda Urbana (NAU), firmada en 2016 por 167 países durante la cumbre de Hábitat III de Naciones Unidas, “reconoce la cuestión de la legislación urbana como uno de los cinco pilares para lograr ciudades más sustentables e inclusivas”.
“La legislación urbana es un instrumento clave para conducir los procesos de urbanización: allí se definen las reglas para planificar y decidir sobre el espacio público y la construcción. Desarrollar y explicitar la capacidad regulatoria territorial en una ley deja en mejor posición al Estado para implementar políticas de suelo inclusivas, equitativas y promotoras de la resiliencia urbana en todo el territorio que esté alineada con los principios constitucionales”, puntualizaron.
Indicaron en su estudio que, “a pesar de que la Constitución nacional promueve el desarrollo territorialmente equilibrado, aún no existe una ley de ordenamiento territorial que lo materialice”, para considerar que “al faltar una ley nacional que exprese los alcances de la delegación constitucional, las provincias terminan por ser las principales responsables del ordenamiento territorial”.
Pero solo cinco (Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), cuentan con normativa de ordenamiento territorial. “Al no tener limitaciones en el ejercicio de su capacidad territorial, adoptan criterios y contenidos disímiles y fragmentados”, sostuvieron los estudiosos.
Para el caso de Córdoba, indicaron que, “a pesar no desarrollar muchos de los principios de la NAU, Córdoba sí incorpora uno de los grandes temas urbanos del siglo XXI: el desarrollo metropolitano”.
Es necesario
Luego de esas y otras observaciones sobre las demás jurisdicciones, Lanfranchi, Granero y Duarte afirmaron que “es necesario promover el debate para sancionar una Ley Nacional de Hábitat que oriente las normativas provinciales hacia el marco planteado en la NAU, y fortalezca la capacidad estatal de concretar ciudades más justas, sustentables y equitativas”.
La nueva legislación, debería incluir, claro está, hábitat urbano, periurbano, rural y protegido en los términos de la 26.331, en toda la geografía nacional y provincial, tendiendo a hacer cumplir el precepto constitucional sobre el derecho de los ciudadanos a acceder a viviendas dignas, dentro de un desarrollo territorialmente equilibrado, además de propender a la protección de todas las especies animales y vegetales, que están siendo arrasadas por una voracidad que no es solo la de las llamas.
S.V.
