Un blindaje a los maltratadores

Un fallo en Salta deja un precedente histórico: limita a una persona a acusar públicamente a otra que haya cometido el delito de maltrato animal. Con la Ley Sarmiento vetusta, la decisión del juez genera mayor rechazo en proteccionistas
jueves, 10 de diciembre de 2020 · 08:31

Mientras pasan los gobiernos y en el Congreso sigue sin modificarse la Ley Sarmiento, endureciendo penas, la Justicia parece hacer “oídos sordos” al pedido expreso para que, al menos, se castigue el maltrato animal como se debe. Y en ese contexto, hace cuatro días se dio otra situación que empeoró la situación y generó más rechazo en los animalistas.

Un fallo le prohibió a una abogada de San Lorenzo, en Salta, hablar sobre su vecino denunciado por maltrato animal. Esto sienta un precedente judicial que pone un límite a las acusaciones públicas, las formas más usadas por los proteccionistas.

Así lo dio a conocer la prensa de Salta, en una decisión que, si bien puede pasar desapercibida para muchos, no es tanto para proteccionistas de todo el país, entre ellos los y las de Villa María, que se sienten “tristes” por este quiebre en el maltrato animal.

El fallo que emitió la jueza Cecilia Avila Ricci asegura que hablar mal de quien maltrató a un animal es un “abuso de la libertad de expresión, viola la integridad moral y el principio de inocencia”.

 

El caso

Según el diario El Tribuno, en julio, Nancy Valencia Donat denunció penalmente a su vecino Washington Víctor Mardones y lo acusó de asesinar a Rocco, su perro, arrojarlo a un foso de cisterna ubicado en propiedad del denunciado (la familia niega que ese inmueble sea de ellos) y haberle arrojado cal para taparlo. Mardones negó el cargo, aseguró que es “irrazonable y absurdo” que haya podido matar a un can de 40 kilos, por sus 80 años y tener artrosis en ambas piernas. También se defendió asegurando que el perro no apareció en su propiedad.

Luego de la denuncia, la mujer acudió a las redes sociales para difundir lo sucedido y acusar a su vecino de “asesino”.

“Lamento que haya personas como mi vecino Washington Mardones, que estén tan cerca en la distancia y tan lejos del corazón, un perverso, violento y sádico”, indicó. También juntó firmas y pegó carteles en los comercios de alrededor para convocar a otros vecinos a manifestarse en las puertas del domicilio denunciado.

El último hecho -que llevó a que Mardones presentara un recurso de amparo- fue que en el portón de su casa apareció un grafiti acusándolo de asesino.

El hombre solicitó mediante el recurso judicial extraordinario que se cese con estas conductas que violan sus derechos y los de su “familia a la imagen, dignidad y privacidad”. También advirtió que al ser empleada del Ministerio Público Fiscal, su denunciante “debió ocurrir ante los estrados de los tribunales y hacer valer allí su derecho, y no realizar un ejercicio abusivo, excediendo los límites de la buena fe”. Mientras, Valencia aseguró estar haciendo uso de la libertad de expresión.

Sin embargo, tanto el fiscal como la jueza coincidieron que el uso de la libertad de expresión en el caso es abusivo y daña otros derechos también constitucionales.

La magistrada advirtió que “el derecho a la libertad de expresión no es absoluto” y que en este caso afecta en forma directa los derechos personalísimos como el derecho “a la integridad moral, el honor, la intimidad, reputación que pertenecen a la persona por su sola condición humana”. Además indicó que Valencia actuó como jueza, condenando al denunciado y violando la presunción de inocencia. Por lo que concluyó que hubo abuso de la libertad de expresión y ordenó que “se abstenga de forma inmediata de nombrar o referir de manera directa o indirecta de manera pública o privada” a Mardones.

Las expresiones públicas que vertió Nancy Valencia en sus redes fueron acompañadas por la Comunidad Animalística Salta, que primero la ayudó a buscar a su mascota.

 

Aquel hecho

Luego de más de un mes de perdido, Valencia encontró a su perro en una fosa cubierto de cal. La mujer, que es abogada del Ministerio Público Fiscal, llamó a peritos y a GERA, la división de rescate animal de los bomberos. Además pidió una necropsia que se realizó en la Universidad Católica, donde funciona el Hospital Veterinario.

“Buscando a su perro, se comunica con la hija del señor Mardones. Ellos viven muy cerca, y su perro Rocco más de una vez se había escapado a la casa de los Mardones. La hija le dice que no lo vio y que si quiere pase a buscarlo al fondo, donde hay una obra en construcción. Valencia entró con su esposo y donde hay un pozo que habían hecho para poner un tanque de agua se agacha y logra ver el collar azul de su perro. Habían metido a Rocco parado y le tiraron cal”, contó Carmen Céspedes, abogada de Valencia en la causa penal.

La abogada descartó la posibilidad de que el animal se hubiera caído a la fosa: “Si se hubiera caído, ella hubiera escuchado los ladridos de su perro, porque de por sí se escuchan hasta los pájaros, y era en pandemia, así que peor”, aseveró.

En la necropsia no surgió el motivo de muerte, “pero dentro del cuerpo había un polvo blanco que es cal”.

A la denuncia penal por la muerte de su perro, Valencia sumó otra por “amenazas y violencia de género”.

“Mardones se escuda en que es una persona mayor. Además, cuando Valencia buscaba a su perro, él intentó persuadirla de que deje de buscarlo, que seguramente se había escapado, que solo era un perro”, recordó la abogada.

Desde la familia del supuesto maltratador dicen que el hombre “camina con bastón y que se desvanecía ante los escraches”.

Lo curioso es que, con este precedente, proteccionistas aseguran que ahora hay “más impunidad” para maltratar.

 

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